Eduardo Sánchez
El informe N° 177 del Comité Operativo de Emergencia (COE) de Jujuy presentado esta noche tuvo como ejes centrales nuevamente las gestiones que lleva adelante el gobernador Gerardo Morales con las obras sociales, y un resumen de lo que fueron sus recorridas por localidades del interior para supervisar los operativos de detección de contagios de Covid-19 en los barrios.
También hubo puntual referencia a la decisión de derogar el decreto que establecía sanciones a personal de salud que incurría en incumplimiento a la prestación de servicios, "en atención a que se logró superar las dificultades que lo originaron", según explicó el ministro de Salud Gustavo Bouhid.
Minutos antes, en las redes sociales oficiales se había publicado el informe epidemiológico de la jornada del jueves, producido por la Subdirección de Epidemiología y que dio cuenta de la detección de 357 nuevos casos de Covid-19 en la provincia, los decesos de ocho personas -cinco hombres de entre 57 y 80 años, y tres mujeres de entre 69 y 83 años- y la recuperación de 89 pacientes que recibieron el alta médica a lo largo del día.
En cuanto a las cifras totales del registro histórico, el organismo consignó que desde el inicio de la pandemia se lleva contabilizados 9.217 contagios, 5.354 pacientes recuperados, 3.601 casos activos, 262 personas fallecidas y 30.476 tests PCR realizados en toda la provincia.
Respecto de las gestiones para que las obras sociales pongan a disposición de sus afiliados médicos que atiendan mediante teleconsultas, Morales destacó la buena predisposición de la mayoría de las organizaciones, dijo que espera acordar criterios en las próximas horas con las que aún no respondieron, y anticipó que la semana próxima hará el mismo pedido a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
Por otro lado, se confirmó que el Gobierno provincial dará marcha atrás con la medida que disponía la aplicación de multas de entre $40.000 y $100.000 al personal sanitario que incumpliera con disposiciones ordenadas en el marco de la pandemia de coronavirus.
Se trata del decreto acuerdo N° 1444-S/2020 que el Ministerio de Salud promovió en su momento debido a que "había 150 médicos aproximadamente que no concurrían a trabajar a los lugares donde se atiende Covid-19, negando incluso a notificarse de que debían asistir al hospital de campaña o similar", describieron Morales y Bouhid.
"Frente a esta situación, se tuvo que notificar a estos médicos mediante la Policía para hacer efectiva la notificación", señalaron.
"De esa manera, al quedar formalizada esta instancia, la gran mayoría de los profesionales comenzó a trabajar en los lugares donde se necesita atender Covid-19".
En el marco del decreto "se llegó a aplicar sanciones económicas y disciplinarias a tres médicos. El resto, en tanto, comenzó a prestar servicios en lugares de atención Covid-19, por lo cual el decreto ahora no es de necesaria aplicación".
Tal instrumento estaba dirigido "al personal sector público y privado afectado al sistema de salud de la provincia cualquiera sea la situación que cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos, que deriven en la falta de concurrencia efectiva de servicios conforme a la necesidad y/o urgencia se le impondrá una multa de 40 a 100.000 pesos, más accesorias de arrestos e inhabilitación".
Tras el anuncio del Ministerio de Salud, algunas entidades gremiales exigieron "el decreto de derogación y su publicación en el Boletín Oficial de manera urgente".
En ese sentido, la Asociación Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) aseguró en su cuenta de Facebook que "el decreto se deroga por la reacción colectiva, a través de sus organizaciones, de los trabajadores de la salud".
"Reafirmamos que este es el camino para la defensa de nuestros derechos", enfatizaron los dirigentes.