Eduardo Sánchez
A raíz del inicio esta semana del juicio oral y público que lleva el Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF) contra Esteban Gago (41) y Rodolfo López (50), al cual llegaron imputados por "siembra y cultivo de marihuana", la diputada provincial del PTS-FIT Natalia Morales reclamó el desprocesamiento de ambos, "como también el cese de las causas de todos los que autocultivan o consumen marihuana para uso medicinal o recreativo".
Gago y López residían en el paraje Calete, a unos ocho kilómetros de la ciudad Humahuaca. Al declarar en la sala de audiencias de la calle Senador Pérez, aseguraron que realizaban el autocultivo de cannabis para la elaboración de aceite medicinal de consumo personal y para proveer a seis parientes que padecen diversas "dolencias crónicas".
Dice la legisladora que a dos años de haber sido sancionada la ley de cannabis para uso medicinal, el Gobierno nacional "sólo avanzó en la reglamentación del cultivo de cannabis para aceite medicinal, necesario para legitimar la producción industrial en Jujuy impulsada por el Estado provincial a través de la empresa estatal Cannabis Avatara S.E., y garantizar así importantes ganancias a empresas extranjeras que lucran con la salud de quienes más lo necesitan".
Mientras tanto -advierte Morales-, "los familiares siguen reclamando que se legalice el autocultivo", y se queja de que "se sigue persiguiendo, estigmatizando y criminalizando a los familiares y amigos que autocultivan y consumen el cannabis para uso terapéutico, pero también a cientos de jóvenes que lo hacen con fines recreativos".
"El gran negocio del narcotráfico avanza y son unos cuantos poderosos quienes se benefician con su ilegalidad", sentenció además en un artículo periodístico publicado esta semana.
Volviendo sobre el uso medicinal de la planta, dice la diputada del PTS-FIT que en ese espacio político "apoyamos la producción estatal de aceite de cannabis, y de la creación de una empresa estatal, pero a diferencia del oficialismo, planteamos que su producción no puede ir de la mano de la criminalización de quienes autocultivan".
Insiste con que "la producción estatal tiene que ser con fines sociales, medicinales, y no para garantizar negocios de empresas extranjeras" y propone que quede estabecida "la provisión de forma gratuita en los hospitales e incorporado en los vademécum de las obras sociales, donde las investigaciones y avances científicos sean de patrimonio del Estado e intransferibles a terceros".
La causa contra Gago y López se inició el 17 de marzo de 2017 cuando personal policial de la División Narcotráfico con asiento en Humahuaca tomó conocimiento por aviso de un "mochilero" de que en una finca denominada "Los Perpenos" en el paraje Calete "existía un invernadero donde se cultivaba plantas de cannabis sativa", según indica la investigación preliminar.
"Exigimos el desprocesamiento de Esteban y Rodolfo, como también el cese de las causas de todos los que autocultivan o consumen marihuana para uso medicinal o recreativo, la libertad inmediata de Javier Raña y todos los detenidos", dice Morales, se declara "contra la persecución y la criminalización de la juventud" y reclama "legalización integral de la marihuana ahora!".