Felipe Vitola
La tensión política en Brasil sigue escalando con el correr de los días y, en una situación similar a lo que ocurrió en Estados Unidos en el Capitolio, ahora cientos de seguidores de Jair Bolsonaro tomaron el Congreso brasileño como también el Palacio presidencial y la Corte Suprema de Justicia para pedir un golpe de estado en contra de Lula Da Silva.
Según se conoció apenas hace unas horas, el grupo de manifestantes se expresan en Brasilia, capital de este país, donde piden la intervención militar para derrocar al actual mandatario que ganó en las últimas elecciones celebradas en 2022. Por el momento, no ha habido intervención oficial por parte ni del Gobierno con Lula a la cabeza, como tampoco hubo ningún mensaje del exmandatario.
Lo cierto es que ha habido en los últimos meses, tras la victoria del Partido de los Trabajadores en Brasil, denuncias de fraude por parte de las elecciones y reclaman por la ilegitimidad del actual gobierno.
El grupo, que defiende tesis golpistas, superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado, reportó EFE.
Grupos de bolsonaristas radicales están acampados frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, desde el día posterior a las elecciones del pasado 30 de octubre, en las que Lula derrotó a Bolsonaro.
Ahora, la policía que se encuentra en el lugar comenzó a lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes, según señaló el diario Folha de Sao Paulo. Los grupos “bolsonaristas” vinieron desde el Cuartel General del Ejército hasta la Explanada de los Ministerios de Brasila, frente al Ministerio de Justicia. Un grupo invadió entonces la parte superior del Congreso.
Las inmediaciones del Congreso han sido acordonadas por las autoridades, pero los bolsonaristas que se niegan a aceptar la elección de Lula retiraron las vallas de seguridad y decenas de ellos subieron la rampa del edificio para ocupar la azotea.
Lula anunció que habrá intervención federal en Brasilia
Se trata de una intervención de las fuerzas federales que durará hasta el 31 de enero y es para que detengan a los principales referentes que vienen alimentando estas manifestaciones, como aquellos que realizan disturbios en los edificios públicos.
Según detalla O globo, el mandatario mantuvo una reunión de urgencia por videoconferencia con los ministros de Defensa, José Mucio Monteiro, Justicia, Flavio Dino, y Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, donde terminó de definir qué hacer.
En su discurso, el mandatario repudió a los “vándalos nazis” que desataron la “barbarie en Brasilia y prometió que los responsables serán identificados y detenidos. Lula anunció también que dispuso la intervención del distrito Federal de Brasilia, cuya Policía Militar era responsable de la seguridad de los edificios invadidos por los bolsonaristas.
El ejército brasileño tiene 2.500 soldados preparados para actuar en Brasilia tras el llamado de Lula en el decreto para restaurar el orden y detener a los principales agresores que se han metido en los edificios públicos e iniciaron una serie de destrozos en los principales actores de la política brasileña.
Con la intervención, los órganos de Policía de la capital pasan a estar controlados por el interventor, que a su vez solo responde ante Lula. Lula nombró como interventor a Ricardo Capelli, secretario general del Ministerio de Justicia, quien será el responsable de toda el área de Seguridad en la capital hasta el próximo 31 de enero y estará subordinado directamente al presidente.
“Los golpistas no van a prevalecer”, la primera palabra del Gobierno de Lula Da Silva
Se trata de Flavio Dino, el ministro de Justicia de Brasil que llegó con el nuevo gobierno, que fue la primera voz oficial en expresarse por los incidentes dentro del Congreso brasileño. “Este absurdo intento de imponer la voluntad por la fuerza no va a prevalecer”, dijo el ministro en Twitter.
Además, advirtió que “el gobierno del Distrito Federal afirma que habrá refuerzos. Y las fuerzas que disponemos están actuando. Estoy en la sede del Ministerio de Justicia”, afirmó.
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