Redacción Vía País
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de considerar si el expresidente Donald Trump debería ser inmune al juicio federal por presunta interferencia electoral en los comicios presidenciales de 2020 podría postergar el inicio de las audiencias hasta cerca de la fecha en la que se disputarán este año las elecciones generales.
La puja crucial está convocada para el martes 5 de noviembre. Ese día, los ciudadanos estadounidenses elegirán presidente y vicepresidente y renovarán 33 de las 100 bancas del Senado; además, decidirán, mediante el voto (no obligatorio), quienes accederán a la Cámara de Representantes en los 435 distritos congresionales del país.
El anuncio del miércoles ha sido considerado una victoria para los esfuerzos del magnate neoyorquino por retrasar el caso penal en el que está acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, fijando los argumentos para fines de abril.
La Corte Suprema decidirá una cuestión no probada legalmente aún: si los expresidentes son inmunes al enjuiciamiento por los actos oficiales que realizan en el cargo.
La acción plantea incertidumbre en el calendario legal y político durante los próximos meses. Podría significar que las elecciones de noviembre podrían ocurrir sin que se le pida a un jurado que decida si Trump es penalmente responsable de los esfuerzos para deshacer una elección que perdió en las semanas previas a los violentos disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
De los cuatro casos penales que enfrenta el exinquilino de la Casa Blanca, el único con fecha de juicio que parece estar a punto de celebrarse es el de un fiscal del estado de Nueva York que lo acusa de falsificar registros comerciales en relación con pagos de dinero por silencio a una estrella porno, programado para fines de marzo.
Lo que viene para Donald
La pregunta instalada en la opinión pública estadounidense en estos momentos es si puede el juicio a Trump realizarse antes de las elecciones generales de fin de año.
Y la respuesta con más predicamento es: no está claro.
Si la Corte rechaza el reclamo de inmunidad de Trump, el momento de la decisión de los jueces será crucial para determinar si es posible que el caso vaya a los jurados populares antes de noviembre.
La decisión de los jueces de acelerar el caso significa que el juicio podría comenzar a fines del verano o principios del otoño si el tribunal superior dictamina rápidamente que Trump puede enfrentar un enjuiciamiento. Pero si la Corte espera semanas para emitir su fallo, no está claro si el caso podría programarse o completarse antes de las elecciones.
El caso permanece en suspenso mientras Trump continúa con sus apelaciones de inmunidad, lo que significa que no se han llevado a cabo preparativos previos al juicio desde mediados de diciembre último. Se espera que la jueza federal de distrito Tanya Chutkan dé a los fiscales y abogados defensores al menos tres meses para prepararse para el juicio si el caso regresa a su fuero. Y es seguro que habrá más batallas legales previas al juicio, incluso después de que el caso se reanude en su tribunal.
También es posible que el juicio dure meses, lo que significa que probablemente amenazaría con competir con las elecciones si no comienza en agosto, a más tardar.
El equipo del fiscal especial Jack Smith dijo que el caso del gobierno no debería tomar más de cuatro a seis semanas, pero eso no incluye ninguna defensa que Trump pueda presentar. Y la selección del jurado por sí sola podría llevar semanas.
La Corte Suprema actuó con rapidez en otros casos trascendentales. Por ejemplo, en el de las cintas de Watergate en 1974. Esa vez, el tribunal emitió una decisión solo 16 días después de escuchar los argumentos. La decisión en el caso George Bush versus Al Gore llegó el día después de los alegatos en diciembre de 2000.
Lo que está en juego
La Corte Suprema accedió a decidir una cuestión no probada legalmente: si los expresidentes son inmunes al enjuiciamiento por los actos oficiales que realizan en el cargo.
La pregunta es novedosa, ya que ningún expresidente, hasta Trump, había sido acusado de un delito. La Corte Suprema sostuvo anteriormente que los presidentes son inmunes a la responsabilidad civil por actos oficiales.
Tanya Chutkan rechazó rotundamente la afirmación de Trump de inmunidad absoluta, diciendo en diciembre que la oficina de la presidencia no confiere un “pase de por vida para ‘salir de la cárcel’”.
A principios de este mes, un tribunal de apelaciones sostuvo lo mismo, con un panel de tres jueces diciendo que, a los efectos de este caso, “el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal”.
Eso está en línea con la posición del fiscal especial Smith. Su oficina sostiene que no solo no hay base en la ley para la inmunidad presidencial, sino que los actos de los que se acusa a Trump, incluida la participación en un plan para reclutar electores falsos en estados ganados por el presidente Joe Biden, no son de ninguna manera parte de los deberes oficiales de un presidente.
Los abogados del magnate han advertido en repetidas ocasiones sobre una posible avalancha de enjuiciamientos contra los expresidentes si no tienen derecho a la inmunidad, pero ese argumento no ha sido convincente hasta la fecha con los jueces. El equipo de Trump también le pidió a un juez federal en Florida que supervisa un caso separado que lo acusa de acaparar documentos clasificados que desestime el caso por los mismos motivos de inmunidad.