Aylén Barrera Arciniega
La CGT confirmó la convocatoria a un paro general previsto para el jueves 19 de febrero, en el marco del debate en el Congreso por la Reforma Laboral.
En respuesta, el Gobierno reiteró que aplicará la consigna de “día no trabajado, día no pagado” y puso el foco especialmente en los trabajadores de la administración pública nacional.
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Desde el sindicalismo consideraron que la postura oficial constituye una “práctica antisindical” y la interpretaron como un mecanismo de presión que atenta contra el derecho a huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, sostuvo que la advertencia de posibles descuentos salariales no desactivará el malestar de los empleados estatales, quienes advierten una marcada caída de su poder adquisitivo.
Alerta oficial por posibles descuentos en los salarios
Tras la confirmación de la adhesión plena al paro por parte de los principales sindicatos estatales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), desde la Casa Rosada lanzaron una fuerte advertencia.
Mediante sus canales oficiales, el Ejecutivo informó que descontará el día completo de trabajo y el proporcional del adicional por presentismo a todos los empleados públicos que no concurran a sus tareas por sumarse a la medida de fuerza.
“Se procederá a realizar los descuentos correspondientes a todos aquellos empleados que adhieran a la huelga y no cumplan con sus obligaciones laborales”, señalaron fuentes oficiales.
Según explicaron, la decisión apunta a dos objetivos: sostener la política de austeridad fiscal, evitando pagar jornadas no trabajadas con fondos estatales, y desalentar la participación para reducir el alcance del paro.
El impacto del paro en la atención al público
A pesar de los descuentos salariales anunciados para quienes adhieran a la medida, se estima que la participación en el ámbito estatal será muy elevada. Esto podría generar importantes trastornos en servicios clave para la población.
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- Organismos nacionales: Las oficinas de ANSES, PAMI, AFIP y los registros civiles no abrirían sus puertas o funcionarían únicamente con dotaciones jerárquicas mínimas.
- Sistema de salud pública: Los hospitales nacionales garantizarán solo las guardias destinadas a urgencias que comprometan la vida, mientras que los turnos programados y la atención en consultorios externos deberán ser reprogramados.