Corresponsalía Buenos Aires
Envalentonado por la media sanción de la Ley Hojarasca, que deroga unas 70 normas obsoletas, el Ministerio de Desregulación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, ya prepara un nuevo paquete legislativo para enviar próximamente al Congreso. Entre las reformas, buscará habilitar el suministro de medicamentos de venta libre desde las góndolas de las farmacias, sin intervención de un profesional.
El proyecto posibilitará que las farmacias puedan expender remedios en góndolas y no solo detrás del mostrador, tal como opera la cadena Farmacity gracias a una sentencia favorable en la Justicia. Además, propondrán que los medicamentos puedan adquirirse en otros establecimientos (como kioscos y supermercados) y también de manera online.
Hay una pulseada judicial que se remonta a abril del año pasado, cuando la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió una cautelar de farmacéuticos contra la desregulación de la actividad planteada en el “mega DNU” 70/23, con el que el gobierno de Javier Milei liberó distintas áreas de la economía.
La Cámara se pronunció de esa manera al hacer lugar a un planteo de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica (FEFARA), que pedían declarar la inconstitucionalidad de una serie de artículos del decreto (del 313 al 325) al advertir que perjudicaban a la profesión.
Las entidades alegaron en su presentación que esos artículos “alteran en forma manifiesta y grave los derechos de los farmacéuticos a trabajar y ejercer una actividad lícita vinculada con la garantía de dispensación de medicamentos en manos de profesionales habilitados, que resultan un bien social y esencial, en procura de la protección del derecho a la salud y a la vida”.
A través del fallo, la Cámara suspendió la vigencia de todas las normas reglamentarias vinculadas a las farmacias, incluido el decreto 1024/24, que autorizaba la exhibición en góndolas de medicamentos de venta libre para que el consumidor pudiera acceder directamente a ellos sin intermediación de un profesional.
Por esta cautelar, todas las farmacias están obligadas a vender bajo supervisión farmacéutica, salvo Farmacity. Esta cadena, que opera en la Ciudad de Buenos Aires y 15 provincias del país, exhibe en góndola porque cuenta con una sentencia en su favor que declara la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley de Farmacias.
Por todo esto, el Gobierno busca igualar la situación en todo el país y que los medicamentos de venta libre, como analgésicos y antiácidos, puedan ser vendidos en góndolas y también fuera de las farmacias y de manera online, sin excepciones.
“Qué mejor oportunidad para que se discuta el tema abiertamente en el Congreso y definamos si queremos medicamentos más baratos o no”, alientan desde el Ministerio de Desregulación. “Urge ordenar el tema de una manera general”, agregan.
El negocio es importante: la venta de remedios sin prescripción médica representa el 25% del mercado total, según datos de COFA. Un estudio de esta cámara indica que en 2024 se llegaron a vender más de 7,5 millones de unidades de Diclofenac+Paracetamol, el producto más dispensado, seguido por Ibuprofeno 400 (3,7 millones de unidades) y Paracetamol 500 (3,2 millones).
Otras desregulaciones
El paquete que ingresará al Congreso también busca desregular al menos otras dos actividades: el transporte fluvial y el mercado inmobiliario. En el primer caso, se buscará habilitar la navegación de buques extranjeros, algo que hoy está reservado a embarcaciones locales. En el segundo, se eliminaría la matriculación obligatoria para intervenir en operaciones inmobiliarias.
El Gobierno también tiene intenciones de derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, sancionada en 2021, que obligó a colocar los famosos octógonos negros en aquellos productos que registraran exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías. La marcha atrás de haría en un proyecto separado y no dentro del primer paquete.
Mientras tanto, en el Senado avanza otro de los proyectos de la cartera de Desregulación: el de “inviolabilidad de la propiedad privada”. Tras algunas concesiones que tuvo que hacer el oficialismo a aliados, el texto obtuvo dictamen esta semana en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, y quedó listo para la votación.
La iniciativa libera la venta de tierras a privados extranjeros (los Estados lo tendrán prohibido, salvo que la provincia pida autorización y la Nación se la conceda). Además, da marcha atrás con la ley que prohibía el cambio de uso de las tierras incendiadas por hasta 60 años; y modifica los procedimientos de desalojos y expropiaciones.