Ramiro Pérez
El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, avanzará a partir de abril con la eliminación de aproximadamente 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales. La medida implica el cierre definitivo del esquema heredado del programa Potenciar Trabajo y su reemplazo por un nuevo sistema basado en vouchers de capacitación laboral.
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La decisión forma parte de la estrategia del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, y apunta a reformular el enfoque de la política social, con mayor énfasis en la formación y la inserción laboral.
Fin del programa Volver al Trabajo
El cambio impacta directamente en los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, que dejará de pagarse en su formato actual. Este plan había surgido como una reconversión del Potenciar Trabajo, con el objetivo de funcionar como puente hacia el empleo formal.
Según información oficial, cerca de 900 mil personas integran este universo y comenzarán a recibir notificaciones a través de la app Mi Argentina y por correo electrónico. En esos mensajes se les comunicará la finalización del beneficio y la posibilidad de inscribirse en el nuevo sistema.
En paralelo, unas 300 mil personas que forman parte de programas sociales más permanentes, destinados a sectores con mayores dificultades de inserción laboral, no serán alcanzadas por esta medida.
Cómo funcionarán los vouchers de capacitación
El nuevo esquema propone un cambio estructural: se dejan atrás las transferencias mensuales generalizadas y se avanza hacia un modelo condicionado a la formación.
Los vouchers serán asignados directamente a los beneficiarios, quienes deberán inscribirse y elegir cursos dentro de una red federal de centros de capacitación que el Gobierno está desarrollando. Esta red incluirá instituciones públicas y privadas, con propuestas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia.
A diferencia del sistema anterior, el dinero no será canalizado a través de organizaciones sociales, sino que irá directamente a las personas. Desde el Gobierno explican que el objetivo es que cada beneficiario tenga autonomía para decidir dónde capacitarse.
El nuevo sistema también establece condiciones más estrictas:
- Se exigirá asistencia regular a los cursos.
- El abandono implicará la pérdida del beneficio.
- No habrá posibilidad de reingreso en caso de incumplimiento.
El monto de los vouchers todavía no fue definido y dependerá tanto del costo de las capacitaciones como del número de inscriptos.
Impacto fiscal y cambio de enfoque
La eliminación de estos planes representa un ahorro potencial cercano a los $60 mil millones mensuales, aunque la cifra final dependerá del nivel de adhesión al nuevo esquema.
Parte de esos recursos será destinada a financiar las capacitaciones, mientras que otra porción se redirigirá hacia políticas educativas. En este sentido, el Gobierno planea reforzar la inversión en escuelas vulnerables, con foco en Lengua y Matemática, y avanzar en la implementación del doble turno en instituciones con capacidad.
El cambio también implica un giro conceptual: el Estado busca reducir la asistencia directa a adultos en edad de trabajar y priorizar la formación laboral y la educación.
Contexto y debate
El programa Potenciar Trabajo llegó a tener más de 1,3 millones de beneficiarios en los últimos años, en un contexto de crisis económica y alta informalidad laboral. Desde el inicio de la actual gestión, el Gobierno había definido un plazo de 24 meses para sostener ese esquema, que ahora llega a su fin.
La medida se implementa en un escenario económico desafiante, con tensiones en la actividad y el empleo formal. Por eso, su impacto no solo será fiscal, sino también social.
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Dentro del oficialismo sostienen que el plan de $78 mil no funcionaba como un ingreso suficiente y que muchos beneficiarios ya cuentan con trabajos informales. Bajo esa lógica, el nuevo sistema busca reorientar la intervención estatal hacia la capacitación y la empleabilidad.