Redacción Vía País
Los prestadores a cargo de las terapias de personas con discapacidad vienen denunciado demoras en los pagos por parte del Estado. Por tal motivo, hace unos días pararon y desde la Superintendencia de Salud aseguraron que “los tiempos son los que están estipulados”, sin embargo, el dinero no aparece. Ante este panorama, este jueves volverán a parar y realizarán una marcha de antorchas.
Así, dadas las demoras y la interrupción en los pagos de sus prestaciones, miles de personas con discapacidad se quedaron sin sus terapias. No obstante, las familias de los niños con discapacidad acompañaron las protestas porque consideran injusta la situación.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Economía desmienten que haya habido un recorte, pero desde la Agencia Nacional de Discapacidad reconocieron “inconvenientes administrativos”. Por su lado, la Superintendencia de Salud niega que haya habido demoras en la cadena de pagos, aunque las obras sociales denuncian que no reciben los fondos para girar a los prestadores.
“Llegaron los avisos por parte de las obras sociales que indicaban que la Superintendencia no había girado los fondos para los pagos”, cuenta Leandro, de la Organización Prestadores Precarizados.
Si bien los reclamos por demoras son antiguos, ahora se llegó a un punto insostenible dado el contexto inflacionario y la pérdida del pode adquisitivo. “Las últimas dos semanas fueron históricas para el movimiento, hubo movilizaciones en 40 puntos del país”, agregó.
Cómo funciona el sistema de pago actual
El sistema de pago actual se implementó en 2016. El prestador le envía la factura a la obra social y luego la obra social le manda la factura a la Superintedencia. La obra social tiene hasta cuatro meses para presentar la factura. Ya con las facturas, la Superintendencia audita y controla que se pague lo que corresponda.
Una vez determinado, la Superintendencia define cuánto hay que transferirle a cada obra social por prestador y le envía los valores a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La AFIP toma el dinero del Fondo Solidario de Redistribución y lo transfiere a las “cuentas discapacidad” del Banco Nación. Entonces, la obra social tiene 60 días para pagarle al prestador.
La explicación de la Superintendencia de Salud es que tal vez “las obras sociales se estén tomando estos 60 días para pagar, pero están en su derecho de hacerlo”.
“Hay prestadores que dicen que no cobraron mayo y ese mes lo transfirió en julio la AFIP. No recibimos ninguna indicación de recorte, estamos pagando con los tiempos del mecanismo de integración, como siempre”, señalan desde el organismo.
Aunque desde Prestadores Precarizados dicen que en la Superintendecia admitieron “una semana de retraso”, pasaron 20 días de septiembre y todavía no le pagan a muchos prestadores. Asimismo, algunos centros y obras sociales comenzaron a informar a los profesionales y a las familias acerca de la baja a los servicios por falta de pago.
El respaldo de los padres de chicos con discapacidad
Desde el Gobierno niegan que haya un recorte en el área, pero Karina Herrera de la Asociación de Afapprei (Asociación de familias, personas con discapacidad y prestadores por la inclusión) indica que es un área sensible que ya sufrió recortes en el pasado y que a nadie sorprendería que vuelva a suceder.
“El decreto 908 recortó 14 mil millones, en 2016, que los puso en bonos de la Nación Argentina. También, la resolución que recortó las terapias a seis sesiones semanales, siendo que lo mínimo que se suelen utilizar son hasta ocho o diez″, ejemplificó.
Andrés Gallino, psicólogo y parte del equipo de orientación de un colegio, aseguró que muchas veces es complicado encontrar maestras integradoras porque, por lógica, “nadie quiere trabajar en estas condiciones”.
“Como condición, exigen que les paguen a mes vencido y muchos centros pagan a tres meses. Cuesta mucho encontrar maestras integradoras, cuesta encontrar profesionales, hay muchos estudiantes”, señaló.
“Puede cerrar un centro o el profesional dejar de trabajar y eso representa un problema por el vínculo que desarrolló con el chico. Es la incomodidad de saber que alguien está trabajando ad honorem y sin saber cuándo eso se resuelve”, explicó.
Gilda Kriskovich, profesora en Pedagogía Diferencial, es presidente de Prestadores de Discapacidad Unidos y una de las precursoras del Colectivo de Discapacidad, apunta a que el reclamo va más allá del retraso de los aranceles, por la necesidad que tienen las familias de “judicializar la discapacidad para que les den la silla de ruedas, los medicamentos o los transportes”.
Cuáles son los puntos clave del reclamo
Las principales consignas de los prestadores son:
- Pago a mes vencido
- Restitución inmediata de la cadena de pagos y pago de todo lo adeudado ya
- Nomenclador regulativo nacional ajustado por inflación (en el nomenclador nacional figura que es orientativo, con lo cual las obras sociales pagan por debajo)
- Aumento inmediato del 60%