Este jueves los comerciantes de Villa de Merlo comenzaron a juntar firmas para exigir que el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, los exima de pagar las multas que aplicó Defensa del Consumidor.
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La provincia se encuentra atravesando una crisis económica muy grande debido a la pandemia por coronavirus y sus respectivas restricciones, es por eso que los propietarios de negocios redactaron una nota para el gobierno puntano.
“Atravesamos un contexto económico alarmante, ya que durante el 2020 se vio afectada nuestra actividad, generando un gran perjuicio y poniendo en riesgo a nuestros comercios y fuentes de trabajo”, aseguraron.
El diario El Chorrillero, se encargó de conversar con los comerciantes, quienes aseguran que las multas son de $50 mil por tener en el ingreso los datos del seguimiento de trazabilidad de forma escrita, y no a través de la aplicación por el celular.
“No tengo quién me escuche. Con mucho sacrificio pude tener mi local y ahora me cortan las piernas”, sostuvo en declaraciones a El Chorrillero.
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En este sentido insistieron que se tenga en consideración que se les excuse, por única vez, del pago para los que recibieron la sanción. En el caso de aquellos que lo hayan abonado, “se lo tome como crédito fiscal”.