Rita Márquez
En los últimos ocho años, más de 2500 mujeres fueron víctimas de femicidio en todo el país, según un informe especial presentado por la organización feminista “La Casa del Encuentro”. Y solamente en los primeros seis meses de lo que va de este 2023, hubo 139 asesinatos a mujeres en Argentina.
El informe destaca un caso que marcó un punto de inflexión en la lucha contra el femicidio en Argentina: el asesinato de Chiara Páez, una adolescente de 14 años en la ciudad santafesina de Rufino en mayo de 2015. Su trágica muerte fue el catalizador de las primeras marchas del movimiento “Ni Una Menos” el 3 de junio de ese año.
Femicidios en Argentina
La información recopilada muestra que el 61 por ciento de las víctimas (1558 casos) fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, y la mayoría de los femicidios ocurrieron en el entorno doméstico.
El análisis realizado por La Casa del Encuentro pone un enfoque particular en la edad de las víctimas, señalando que el 66% de las mujeres asesinadas tenían entre 19 y 50 años. Además, se destaca la vulnerabilidad de las adolescentes, con un total de 121 femicidios registrados en ese grupo de edad.
A nivel geográfico, las provincias con los mayores valores absolutos de femicidios fueron Buenos Aires (808 casos), Santa Fe (266), Córdoba (199) y Salta (122).
Además, el 26 por ciento de las mujeres asesinadas (664 casos) fueron víctimas de disparos, el 21% (536 casos) murieron por heridas de arma blanca y el 11% (281 casos) presentaba indicios de abuso sexual.
Una larga cadena de violencia
Es especialmente preocupante que el 15% de las víctimas (383 casos) había realizado denuncias previas contra sus agresores. El 6% de los femicidas tenían una medida cautelar en su contra y otro 6% (153 casos) formaba parte de alguna fuerza de seguridad.
Organizaciones feministas junto a la Asamblea Nacional de Familiares de Víctimas de Femicidios y Desapariciones marcharán este sábado en un nuevo “Ni Una Menos” y sus reclamos siguen intactos.
Denuncian una responsabilidad del Estado y de los gobiernos por no fortalecer e implimentar un plan de emergencia nacional contra la violencia hacia las mujeres, que cuente con refugios accesibles, brinde subsidios y también licencias laborales pagas para todas las que lo necesiten.
Muchas que no pudieron salir de situaciones de violencia por no tener una casa donde ir, un trabajo con el que sostenerse a ella misma y/o a sus hijos y piden que esta problemática se transforme en política pública.