En la ciudad de Eldorado se lleva adelante la jornada de alegatos y sentencia del caso del joven de 19 años asesinado con un disparo de arma de fuego en Iguazú.
El hecho ocurrió en un acalorado incidente entre un grupo de personas en un predio de las 2.000 Hectáreas de Puerto Iguazú, el joven recibió un disparo en el pecho que le produjo la muerte.
Esta mañana se espera que se avance con los alegatos de las partes y luego se conozca el veredicto por parte de los magistrados intervinientes.
Esta causa tiene dos imputados, Ángel Ruiz Díaz y Fernando Martiñuk, los cuales llegaron a esta instancia en libertad, debido a que fueron beneficiados con un auto de soltura dispuesto por el ex juez Juan Pablo Fernández Rissi, a cargo en aquel entonces del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.
El tribunal que dará el veredicto hoy está compuesto por los magistrados Atilio León, presidente, Lyda Gallardo y Eduardo Javier Jourdan.
En representación del Ministerio Público Fiscal se encuentra Horacio Paniagua, fiscal de Instrucción de Puerto Iguazú, quien se hizo cargo de la parte acusatoria luego de que su par del tribunal, Federico Rodríguez, no comparta el requerimiento de elevación a juicio del caso, entonces formulado por el actual juez Martín Brites.
Los hermanos de la víctima, Cristina y Andrés Medeiros, ofrecieron sus testimonios en la última jornada del debate.
Andrés Medeiros, estuvo en el lugar de los hechos y sostuvo en su testimonio que vio a los acusados portando armas de fuego, aunque aclaró que no observó que alguno de ellos haya disparado.
Por parte de la hermana, señaló que no estaba en el lugar, pero que vio al acusado Martiñuk ese mismo día con ropa embarrada y una capucha.
Hubo 4 testigos fueron citados, el cual dos de ellos ubicaron a los acusados en el lugar de los hechos, pero la dinámica de esos testimonios persistió de las audiencias anteriores.
Sin embargo, nadie pudo aportar precisiones debido a que todo ocurrió de noche, en medio de corridas en una chacra donde no había luz artificial, más allá del fuego que habían hecho los usurpadores.
Este crimen tiene previstas penas de 8 a 25 años, pero con el agravante de uso de arma de fuego solicitado la semana pasada por el fiscal Paniagua, se eleva un tercio la mínima y un tercio la máxima.
Fuente: El territorio