Patricio Downes
Luego del robo de armas secuestradas a delincuentes ocurrido en los juzgados y el Tribunal Federal de Eldorado, dos magistrados salieron a pedir cámaras de seguridad que garanticen la transaparencia puertas adentro de tirbunales.
Los jueces de Instrucción 1 Horacio Saldaña y 2, Nuria Allou, aseguraron que el personal de sus oficinas nada tiene que ver con el robo. Dos policías provinciales, que hacían guardia en tribunales, son investigados por el robo de las armas que luego fueron a parar de nuevo al circuito delictivo.
En el mercado negro de armas de fuego, los policías ahora detenidos son investigados también por su presunta participación en delitos de narcotráfico. Es que parte del armamento fue luego usado por narcotraficantes.
El juez federal Miguel Ángel Guerrero allanó las oficinas de los jueces Allou y Saldaña luego de tres meses de investigación. El dato sobre el origen de las armas surgió de operativos antidrogas donde además se secuestró armamento y se llegó a la conclusión, por escuchas telefónicas, que el mismo había sido provisto por policías.
En las escuchas ordenadas por la justicia federal se filtró que los vendedores de armas secuestradas y robadas de los depósitos judiciales fueron los policías que realizaban las guardias en el Tribunal de Guerrero y en las oficinas de Allou y Saldaña.
Saldaña dijo a medios locales que las armas secuestradas en procedimientos son selladas y guardadas en oficinas con rejas y llaves, con custodia policial. Agregó que en los horarios que se produjeron los retiros –que ya estarían definidos- los guardias tenían "el tiempo y la soledad suficiente para poder trabajar".
Y aseguró que "no hay ningún empleado judicial de ninguno de los dos Juzgados involucrado" y por eso es que "no se ordenó ninguna medida en contra de ningún empleado ni de ningún funcionario judicial"