Cecilia Martínez
El sistema penitenciario provincial atraviesa una situación crítica que expone falencias estructurales acumuladas durante años y una capacidad de respuesta estatal claramente desbordada. La problemática impacta tanto en las personas privadas de libertad como en el personal encargado de su custodia y en la seguridad pública en general.
Desde el ámbito institucional se reconoce que el crecimiento sostenido de la población carcelaria no fue acompañado por una expansión equivalente de la infraestructura ni por el fortalecimiento del recurso humano. Esta combinación generó tensiones internas, condiciones de trabajo deficientes y un funcionamiento cada vez más frágil del sistema.
En Entre Ríos, la población carcelaria alcanzó los 2.700 internos distribuidos en ocho Unidades Penales, mientras que solo 800 agentes cumplen funciones de seguridad directa. La relación entre detenidos y personal se ubica muy por debajo de los estándares internacionales recomendados y evidencia un escenario de sobrecarga permanente.
El incremento fue sostenido en el tiempo: en poco más de dos décadas, la cantidad de personas privadas de libertad se triplicó sin que existiera una planificación acorde. A esto se suman cárceles con infraestructura antigua, ampliaciones de emergencia y establecimientos que superaron ampliamente su capacidad original.
Uno de los casos más críticos es el de la Unidad Penal N°9 Granja El Potrero, presentada en su inauguración como modelo penitenciario, pero que hoy funciona con una sobrepoblación significativa. La situación obligó incluso a restringir el ingreso de nuevos detenidos por haber alcanzado su límite operativo.
El cuadro se completa con realidades diversas en el resto de las Unidades Penales de Entre Ríos.
La UP1 de Paraná concentra una de las poblaciones más numerosas del sistema; la UP3 de Concordia reconoce oficialmente su sobrepoblación; mientras que establecimientos como los de Concepción del Uruguay, Victoria, Gualeguay y Federal funcionan con márgenes ajustados entre capacidad y cantidad de internos.
A su vez, la UP2 de Gualeguaychú dejó de estar operativa, reconfigurando la distribución de detenidos en la provincia y sumando presión sobre el resto del sistema.
El panorama se ve agravado por las condiciones laborales del personal penitenciario, que enfrenta bajos salarios, deudas en viáticos, regímenes de descanso inadecuados y falta de contención psicológica. A diferencia de otras fuerzas de seguridad, no cuentan con la posibilidad de realizar adicionales, lo que profundiza el desgaste y la tensión en las unidades.
La deuda histórica entre la Nación y la provincia también incide directamente en la crisis
Entre 2016 y 2019, fondos destinados al alojamiento de presos federales en cárceles entrerrianas nunca fueron abonados, retrasando inversiones clave en infraestructura y ampliaciones. Esta falta de recursos contribuyó a que proyectos como los cinco pabellones de El Potrero avanzaran lentamente y que otras obras queden inconclusas.
Legisladores provinciales y autoridades judiciales alertan sobre la necesidad de un abordaje integral. Señalan que la cárcel debe ser el último recurso, no la única respuesta del Estado, y que es urgente garantizar condiciones dignas, acceso a salud, educación, tratamiento de adicciones y mantenimiento de vínculos familiares. Sin estas medidas, advierten, el sistema solo reproduce desigualdad y exclusión.