Cecilia Martínez
Con una adhesión cercana al 85%, se cumplió este lunes el paro docente en Entre Ríos convocado por CTERA y AGMER en el marco del no inicio del ciclo lectivo. La medida se da tras el rechazo unánime de la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y marca un nuevo capítulo en una negociación que, lejos de encaminarse, suma tensión política y sindical.
Docentes y Gobierno cara a cara: la audiencia que puede destrabar el conflicto provincial
A nivel nacional, la huelga reclama la apertura de la paritaria docente para fijar un salario mínimo nacional y rechaza el proyecto denominado “de libertad educativa”, al que los gremios atribuyen un intento de modificar el esquema de derechos laborales y el alcance de la ley nacional de Educación. En el plano provincial, el eje es estrictamente salarial y previsional.
Paritaria salarial: oferta rechazada y nuevo paro
En la sede de la Secretaría de Trabajo se realizó la segunda audiencia paritaria docente, donde el Gobierno presentó una propuesta que fue descartada por los cuatro sindicatos: AGMER, AMET, UDA y SADOP. La negativa fue unánime y derivó en la convocatoria a un paro de 24 horas.
El ofrecimiento oficial incluyó mantener los $25.000 para docentes con más de 10 años de antigüedad, incrementar $36.000 en el Fopid con tope, sumar $24.000 en Conectividad también con tope, establecer un salario inicial de $750.000 y otorgar un aumento de $30.000 para jubilados. Además, se propuso un 50% de aumento en la ayuda escolar y un 100% en el boleto docente en cinco ciudades.
También se planteó convocar en un plazo no mayor a 90 días a una instancia para acordar una suma remunerativa vinculada al crecimiento de los recursos provinciales. Para los gremios, la propuesta no garantiza recuperación salarial ni compensa la pérdida frente a la inflación, por lo que fue considerada insuficiente.
Las consecuencias tras la medida del Gobierno ante la huelga docente
En paralelo a la medida de fuerza, el Gobierno provincial ratificó que solo abonará los días efectivamente trabajados. Desde el Ejecutivo señalaron que se respeta el derecho constitucional a huelga, pero advirtieron que el Estado, en su carácter de empleador, no puede equiparar a quienes cumplen funciones con quienes adhieren al paro.
De este modo, las jornadas no trabajadas serán descontadas del salario, una definición que endurece el conflicto y eleva el costo de la protesta para los trabajadores. La decisión oficial se inscribe en una postura que la actual gestión sostiene como criterio administrativo y político.
Los sindicatos, por su parte, convocaron a una conferencia de prensa para este martes a las 9.30 en la sede de AMET, donde se espera que fijen posición frente al descuento anunciado y definan los próximos pasos. El conflicto docente en Entre Ríos ingresa así en una etapa de mayor confrontación, con impacto directo en el sistema educativo y en el escenario político provincial.