Cecilia Martínez
Los empleados de la Asociación Mutual Gualeguaychú, realizaron una asamblea de más de dos horas con fuerte debate entre los socios y el veedor del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) Alfredo Darré y el presidente de la Comisión Directiva Mario Timone. Quienes junto a los asociados decidieron ratificar la quiebra.
Anteriormente, a mediados de septiembre, la doctora Amelia Angerosa, quien patrocina legalmente a la comisión directiva de la Supervisión Mutual Gualeguaychú, realizó la presentación del pedido de quiebra antes el Juez de 1a Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 Marcelo Arnolfi, para poder detener el remate de un sector de la Supervisión donde funcionaba la playa de estacionamiento. Sin embargo, para poder ratificar dicha medida, los socios exigieron una asamblea para evaluar la decisión final, con críticas a la comisión directiva, por "pedir la aprobación luego de los hechos consumados".
En las últimas horas se reunieron para informar sobre el estado actual de los trámites Judiciales. Quienes en esa instancia los ex empleados descubrieron que el local estaba cerrado por el Síndico, dejándolos imposibilitados de ingresar al salón de la Supervisión para poder desarrollar el diálogo programado.
Durante el encuentro "en la vereda", hubo gritos y gran tensión se desató, cuando Timone dijo que "no está capacitado para hablar sobre cuestiones judiciales" y para el asombro del veedor del INAES, el contador Alfredo Darré, en la asamblea no se hicieron presente los abogados y el contador de la comisión directiva como tampoco representantes del Síndico para poder informar de la situación con precisión.
Por su parte, Timone solicitó un cuarto intermedio hasta el 1° de diciembre para poder traer una propuesta de gerenciamiento de la firma para ser puesta a consideración entre los socios. Los trabajadores no aceptaron y pidieron la quiebra de la empresa de la economía social.
Para poder acogerse a la convocatoria, la comisión directiva, tiene que presentar un plan de negocio con el fin de poder convencer al juez de qué manera van a generar ingresos para hacer sustentable el emprendimiento y hacer frente al pago de los acreedores cuya deuda rondaría los 20 millones de pesos.
No obstante, dadas las circunstancias en cómo se desarrolló la asamblea, ahora el juez quien entiende en la causa, deberá decidir si la declara válida o no.