Una fuerte polémica política se desató en los últimos días por duros cuestionamientos de Juntos por el Cambio a la estrategia sanitaria de Formosa y a la situación de unos 2.500 aislados en la provincia, lo que recibió una férrea defensa del gobierno de Gildo Insfrán con respaldo de Nación por lo realizado allí desde que aterrizó la pandemia de Covid-19.
La oposición denuncia presuntas violaciones a los derechos humanos. Y el Poder Ejecutivo formoseño contesta que todo responde a una “campaña” en el inicio del año electoral. “Nosotros preferimos perder una elección antes que una vida”, dijo ayer a Los Andes el vicegobernador de Formosa, Eber Solís.
El Frente de Todos cerró filas en defensa de la estrategia sanitaria de Insfrán. Y ayer Jorge González, ministro de Gobierno provincial, dijo: “Nuestra política sanitaria es contundente. 1.089 casos de Covid-19 y diez fallecidos. En Capital Federal tienen 6.189 muertos y nadie dice nada”.
El presidente Alberto Fernández no se expresó públicamente sobre las denuncias de la oposición. Pero en su entorno aseguran que respalda lo actuado en materia sanitaria por Insfrán. Y descartan que pueda habilitar al oficialismo a tratar el proyecto de ley de intervención federal presentado por la Coalición Cívica.
Los diputados Juan Manuel López y Mónica Frade presentaron el pedido a instancias de Elisa Carrió, quien había denunciado la “gravísima violación de los derechos humanos, por el sometimiento, aislamiento y vejación en las escuelas a personas que están sitiadas durante 14 días. Esto viola el Tratado contra la Tortura y el Derecho Humano a circular”.
Para Solís, “no existe” aquello. “La oposición habla desde la política electoral. Nosotros respondemos desde lo sanitario”, dijo y agregó “Tenemos como único objetivo defender la vida”. Asimismo, señaló que Insfrán presidió unas 300 reuniones con el Comité Sanitario desde marzo. “Allí se resuelve con infectólogos, epidemiólogos, directores de hospitales. El gobernador siempre dijo el coronavirus iba a tener consecuencias políticas, sociales y económicas. Y está pasando”, afirmó Solís.
En la otra vereda, se reunieron ayer Alfredo Cornejo, Mario Negri, Martín Lousteau, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro, López y el senador nacional por Formosa, Luis Naidenoff. En un comunicado de prensa expresaron su “preocupación por la violación de libertades y derechos en la provincia”.
También señalaron como una “falta grave” las detenciones de las concejales Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, quienes habían denunciado a Insfrán por las “condiciones inhumanas en un centro de aislamiento”. Hoy hay 2.500 personas realizando cuarentena en escuelas por haber ingresado al territorio formoseño en los últimos 14 días.
¿Por qué no permitan que los formoseños que entran a la provincia hagan la cuarentena en sus domicilios?, preguntó Los Andes. Y Solís respondió: “Estudios realizados durante dos meses indican que el 80% de las personas aisladas en forma preventiva no respetó la restricción”, dijo.
Naidenoff y Negri presentaron ayer una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación en los centros de aislamiento para “revertir las groseras violaciones a los derechos fundamentales”. Y harán una presentación ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que encabeza la chilena Michelle Bachelet.
A su vez, el diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR Formosa) y legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para interpelar a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, y al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
Según Solís, la oposición “cuestiona la metodología” sanitaria porque con eso “quiere ocultar los resultados, que no son óptimos porque lastimosamente hay fallecidos, pero son los mejores que existen hoy en la Argentina”. Solís reconoció que “por supuesto que hay cosas a corregir, que se van arreglando porque el gobierno provincial no es necio”.
“Sabemos que estas medidas no son lindas ni amigables, pero son las que dieron resultados”, afirmó Solís. Desde marzo, se emitieron autorizaciones de ingreso a la provincia para 13 mil formoseños y en total 18 mil personas fueron exigidas a realizar el aislamiento preventivo. Hoy hay centros de alojamiento preventivo (para los que recién ingresan), centros sanitarios para los positivos de Covid-19 y centros para personas que fueron contactos estrechos.
¿Por qué entonces hay denuncias muy graves por delitos contra los derechos humanos?, consultó ese medio. Y Solís respondió: “Las quejas de los aislados se cuentan con los dedos de una mano, si es que las hay. Las críticas vienen desde la política. Ellos mismos lo dicen: ‘con esto ganamos las elecciones en Formosa’. Al gobernador no le interesa perder una elección, sino que no haya miles de muertos”. Insfrán, de 70 años y presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, gobierna formosa de forma ininterrumpida desde 1995. En 2019 fue reelecto y accedió a su séptimo mandato consecutivo con el 70,64% de los votos.