Victoria Urruspuru
A semanas de que se desarrollen las elecciones en Formosa, el candidato a gobernador, Fernando Carbajal, insiste en que el domingo 25 de junio no se elija mandatario ni vice. Cabe recordar que el funcionario radical es quien impugnó en un primer momento la octava candidatura de Gildo Insfrán.
El diputado y representante de Juntos por el Cambio denunció al jefe provincial formoseño por ostentar el poder local hace 28 años y querer sumar al menos 4 más. En junio, el mismo iría por su octavo mandato, habiendo sumado -a parte- dos períodos como vicegobernador.
En diálogo con VíaPaís, Carbajal explicó que la interpretación que se le ha dado a la Constitución de Formosa viola el artículo 5 de la Constitución Nacional. El mismo establece que el territorio dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías nacionales, y asegurará su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria.
A su vez, y en base a lo que expresó, también atentaría contra el Orden Interamericano de Derechos Humanos, debido a que este sostiene que los regímenes con reelección indefinida violan a los derechos humanos de los ciudadanos.
De hecho, no hay que pasar por alto que dos casos similares se abrieron paso durante este año electoral por irregularidades en las candidaturas del oficialismo: San Juan y Tucumán. En cuanto a la primera provincia nombrada, la Corte Suprema impidió que Sergio Uñac vuelva a presentarse para el Poder Ejecutivo.
A pesar de esto, el Tribunal Electoral de Formosa insistió en que Insfrán puede postularse por octava vez. “Esto no nos sorprende; los miembros del Tribunal, antes de que siquiera se hubiera oficializado, ya habían adelantado que lo iban a oficializar”, indicó el diputado radical.
En consecuencia, el radical planteó una acción meramente declarativa para que el Máximo Tribunal suspenda las elecciones que se desarrollarán en dos semanas. “El texto de nuestra Constitución dice que el gobernador y el vicegobernador podrán ser reelectos, pero no dice de manera indefinida, así que esperamos el fallo de la Corte“, añadió.
Según denunció, esta nueva candidatura de Insfrán sería avalada bajo una interpretación que va en contra de los derechos humanos. ¿Por qué? Por permitir que el mandatario se mantenga y concentre el poder durante tantos años, sin posibilidad de rotación.
Anticipó que resta esperar a que lo dicte la Corte. Esta, sin embargo, se supone que no debería intervenir en dicha causa -en base a lo que opinaron desde la Procuración General-, sino que simplemente tendría la facultad de decidir la intervención procesal que considere pertinente.
“Soy perseguido y monitoreado”, denunció Carbajal, principal opositor de Insfrán
Carbajal le ha puesto freno a muchas medidas del actual gobernador formoseño, y entre ellas destaca su accionar durante la pandemia por el COVID-19. Varios ciudadanos habían quedado fuera de su provincia por las estrictas medidas sanitarias que regían en la cuarentena, y el funcionario luchó para dar marcha atrás con esto y que pudieran ingresar.
“Soy una emergente de un proceso político. Este es un gobierno que me eligió y me sindicó como un enemigo político, y de alguna manera me puso como emergente de ese proceso del reclamo social”, indicó. A partir de ello, el dirigente se vio motivado a volver al rubro y postularse como diputado.
Consultado por los desafíos que conllevan candidatearse en territorio peronista, señaló que la sociedad le tiene miedo al régimen que maneja Formosa. En este sentido, explicó que hacer campaña para un partido contrario al oficialismo es una tarea complicada.
“Soy permanentemente perseguido y monitoreado por las camionetas sin patentes de los servicios de información ilegal del Gobierno de la provincia. Nuestros candidatos en el interior también son amenazados y perseguidos”, denunció.
Para ejemplificar, Carbajal dijo que al momento de querer alquilar un salón para un acto político, los dueños eligen no hacerlo pues, de aceptar contribuir con ellos, dejarían de tener subsidios, y por el contrario recibirían amenazas, aquello que llaman “aprietes”.
La concejala de Juntos por el Cambio, Gabriela Neme, fue quien -junto al diputado Enrique Ramírez y un equipo de abogados constitucionalistas- realizó el miércoles 7 de junio una petición ante el Máximo Tribunal de Justicia para que se garantice el sistema republicano en la provincia.
Es decir, la oposición formoseña insistió en declarar que la nueva candidatura de Insfrán “violenta el orden republicano, los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional, el pacto de San José de Costa Rica, y lo establecido por la propia Corte Interamericana de Derechos humanos”.
Según indicó esta nueva impugnación, es necesario que se garantice el ejercicio de los derechos constitucionales. Esta permanencia del gobernador en el Ejecutivo local “implica la ausencia de división de poderes”. Entonces, Neme indicó: “Los formoseños no tenemos acceso a Justicia. Otros 4 años implicarían menos derechos y menos Justicia”.