Jimena Leguizamón
La deforestación avanza sobre las áreas protegidas de Misiones y volvió a quedar en evidencia esta semana en el Parque Provincial Piñalito Sur, donde el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables confirmó un nuevo episodio de tala ilegal selectiva.
El caso se registra en un contexto de creciente preocupación por la fragilidad del sistema de control ambiental, especialmente en regiones rurales y de frontera. La falta de personal, recursos y logística limita la capacidad del Estado para enfrentar a organizaciones delictivas que roban y comercializan madera nativa en el mercado negro, muchas veces en connivencia con aserraderos locales.
Ubicado a unos 50 kilómetros de Bernardo de Irigoyen, el parque ya había sido escenario de otro robo de madera detectado en enero de este año. En esta ocasión, técnicos de Ecología realizaron una inspección tras detectar movimientos sospechosos dentro del área y hallaron sectores con claros indicios de extracción de especies nativas, aunque no se precisaron cuáles fueron las afectadas.
De acuerdo con testimonios de guardaparques y vecinos, la operación habría implicado al menos tres camiones y varios días de trabajo, lo que sugiere una planificación detallada y la participación de varias personas. Las fuentes sostienen que el daño ambiental es grave y que la falta de vigilancia efectiva facilita estos delitos.
El hecho generó cuestionamientos al sistema de control provincial, especialmente entre los guardaparques, que denuncian condiciones precarias de trabajo, falta de combustible, vehículos y equipos para realizar patrullajes. También advirtieron que, hacia fin de año, los controles suelen relajarse, lo que deja “zonas liberadas” y favorece el accionar de los grupos dedicados a la tala ilegal.
Fuente: Argentina Forestal