Jimena Leguizamón
En medio del fuerte impacto social que generó en Eldorado la denuncia por una presunta estafa vinculada al dinero de la fiesta de egresados de la Escuela de Comercio N.º 19, el abogado Matías Sotelo, defensor de Romina E., brindó precisiones sobre el estado de la investigación, la situación procesal de su representada y el clima que atraviesa la ciudad.
El letrado explicó que el expediente todavía se encuentra en una fase preliminar y que, hasta el momento, las actuaciones estuvieron a cargo de la comisaría seccional primera. “La causa estaba en poder de la comisaría seccional primera, elaborándose el sumario y recabándose las declaraciones testimoniales y las pruebas que iban presentando las distintas personas damnificadas”, indicó, al señalar que todo se inició a partir de la denuncia presentada por uno de los padres afectados.
Sotelo precisó además que la defensa se constituyó formalmente el martes, ocasión en la que se presentó documentación médica. “Nos presentamos en representación de Romina en la comisaría, donde acompañamos una nota junto a un certificado médico-psiquiátrico que indicaba un reposo laboral de 30 días”, afirmó, y aclaró que ese cuadro de salud impidió que su defendida compareciera en ese momento ante la autoridad policial.
En ese contexto, el abogado salió al cruce de versiones que circularon en redes sociales y en algunos ámbitos de la ciudad. “Esto descarta lo que se dijo en relación a la fuga o a que se la estaba buscando intensamente. Eso no es cierto”, sostuvo, y agregó que se presentó un pedido de exención de prisión para que Romina E. pueda continuar el proceso judicial en libertad.
Sobre la calificación legal del caso, Sotelo remarcó que aún no hay definiciones firmes. “La carátula todavía es primigenia, es muy pronto para ajustar los hechos, pero en principio se trata de una administración fraudulenta o estafa”, explicó. También reconoció que se habla de una suma cercana a los 17 millones de pesos, e incluso superior, aunque aclaró que ese monto deberá ser determinado y probado dentro del expediente.
Al ser consultado por la versión de los hechos que sostiene su defendida, el abogado fue contundente en mantener la reserva. “Todo lo que hablé con ella está dentro del marco del secreto profesional. Todo lo que tengamos para decir o aportar será dentro del expediente penal”, señaló, y recordó que Romina E. podrá declarar y ejercer su derecho de defensa cuando sea citada por el juzgado interviniente.
En relación con los trascendidos sobre el posible destino del dinero, en especial aquellos que lo vinculan al juego, Sotelo evitó dar precisiones. “No puedo manifestarme sobre esos hechos”, expresó, aunque consideró necesario poner el foco en “el flagelo de la ludopatía y de los casinos virtuales, que hoy están al alcance de cualquier persona desde un teléfono”, al que definió como un problema social que requiere atención.
Por último, el defensor subrayó el impacto que el caso tuvo en la comunidad local. “Somos una localidad de alrededor de 100 mil habitantes que hoy está realmente alterada con todo lo que pasó”, afirmó, y concluyó: “Esperemos que pronto se solucionen las cosas, que vuelva la calma a la ciudad y que podamos pasar las fiestas en paz”.
Qué dice la Policía de Misiones
A la par de las definiciones de la defensa, desde la Policía de Misiones se aportaron detalles sobre cómo se originó el conflicto. Según informó Guillermo Olivera, responsable de prensa de la Unidad Regional III de Eldorado, la organización de la fiesta estaba a cargo de unos 35 padres, que venían trabajando en el evento desde hacía más de ocho meses. “Al llegar al lugar, se encontraron con que no se habían cancelado las deudas con los proveedores. Fue entonces cuando empezaron a intentar comunicarse con la tesorera encargada de la recaudación, pero no obtuvieron respuesta”, explicó.
Olivera indicó que, ante esa situación, se advirtió rápidamente la posible comisión de un delito y se dio inicio a las actuaciones policiales. Si bien en un primer momento las familias optaron por no denunciar, con el correr de los días la acusación se formalizó. “La denuncia fue radicada acusando directamente a esta persona, y el juzgado de instrucción de Eldorado intervino en la causa”, detalló.
De acuerdo a la información policial, el monto total involucrado podría ser superior al que trascendió inicialmente y rondar los 25 millones de pesos, afectando a las 35 familias que participaban de la organización. “La recaudación, que se venía realizando desde hace meses, era para cubrir los costos de la fiesta de fin de año de los alumnos, pero la acusada no cumplió con su responsabilidad de gestionar esos fondos correctamente”, agregó el vocero.
Respecto de la situación legal de la acusada, Olivera confirmó que la defensa presentó un certificado médico que da cuenta de problemas psiquiátricos, aunque aclaró que ese aspecto será analizado por la Justicia. “La causa sigue su curso, y la mujer será convocada para prestar declaración indagatoria ante el juzgado de instrucción”, señaló.
Asimismo, informó que se solicitó la inhibición de la cuenta bancaria de la acusada como parte de las medidas habituales en este tipo de investigaciones. “La cuenta de la persona fue inhibida a través de un oficio enviado al banco. Este procedimiento es habitual cuando hay una denuncia de este tipo”, indicó.
Finalmente, Olivera se refirió a versiones que circularon en redes sociales sobre supuestos antecedentes similares. “El expediente de este caso es reciente, y no tenemos acceso directo a los antecedentes de la persona en este momento. Sin embargo, se está investigando si existe algún historial de denuncias previas”, afirmó.
El caso continúa generando un fuerte impacto en la comunidad educativa y en la ciudad en general, a la espera de definiciones judiciales que permitan esclarecer el destino del dinero y establecer responsabilidades.
Con información de Radio Estación 24 de Eldorado