Jimena Leguizamón
En una decisión que ha generado controversia en la ciudad de Eldorado, el Concejo Deliberante ha votado en contra de la creación de una comisión investigadora para examinar las supuestas irregularidades cometidas por la administración de Fabio Martínez, denunciadas por el intendente electo Rodrigo ‘Pipo’ Durán.
Durán, quien asumirá su cargo el próximo 10 de diciembre, presentó una denuncia en septiembre ante el Concejo en la que señalaba diversas irregularidades en la gestión de Martínez, incluyendo la contratación de personal temporal que supera ampliamente el presupuesto previsto para los años 2022 y 2023, recategorizaciones que no se ajustaban al marco legal y el incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, entre otros asuntos.
A raíz de la denuncia de Durán, el concejal Sebastián Tiozzo propuso una resolución para la creación de una Comisión Investigadora dentro del Concejo Deliberante con el propósito de determinar si las presentaciones por Durán justificaban sanciones contra el intendente Martínez o si, por el contrario, carecían de fundamento.
En una sesión del Concejo, ninguno de los concejales negó la existencia de las irregularidades señaladas por Durán; en su lugar, reconocieron abiertamente que dichas irregularidades habían tenido lugar.
Sin embargo, los concejales Bernardino Bobadilla, Águeda Saenger, Mauricio Acevedo Leal optaron por rechazar la creación de la Comisión Investigadora, argumentando que el Concejo Deliberante disponía de las herramientas necesarias para enmendar las ejecuciones presupuestarias deficientes.
Por su parte, Lorena Cardozo, presidenta del cuerpo, justificó su rechazo afirmando que, aunque las irregularidades estuvieran comprobadas, la única acción que podría tomar el Concejo sería destituir a Fabio Martínez. Sin embargo, señaló que el proceso de la comisión concluiría después del cambio de autoridades, por lo que demostró que no valía la pena llevar a cabo la investigación.
En contraste, los concejales Tiozzo, Augusto González y Rosi Kurtz argumentaron la necesidad de garantizar la transparencia en la administración pública y brindar a la administración de Martínez la oportunidad de demostrar que sus acciones se ajustaron a la legalidad.
Fuente: El Territorio