La denunciante en la causa por presunto abuso contra el intendente de Caraguatay, Mario Peyer, decidió hacer pública su versión tras conocerse el pedido de sobreseimiento impulsado por la fiscalía por falta de pruebas concluyentes.
La mujer, empleada del Concejo Deliberante local, atraviesa un delicado estado emocional en el marco del proceso judicial. Según se informó, el juzgado interviniente otorgó un plazo de diez días a las partes para incorporar nuevas medidas de prueba que permitan avanzar con la investigación.
Desde la defensa de la denunciante indicaron que aún restan instancias clave dentro del expediente, entre ellas la evaluación de pruebas técnicas como la triangulación de teléfonos, que deberán ser analizadas por el juez de Instrucción N° 1 de Puerto Rico.
En su exposición pública, la mujer ratificó la denuncia presentada en sede judicial y manifestó la necesidad de que su versión sea tenida en cuenta, además de solicitar que la causa continúe su curso. También se detalló que, a raíz de la situación, presenta dificultades emocionales que afectaron su vida cotidiana y laboral.
Por su parte, el intendente se presentó nuevamente en el edificio municipal para retomar sus funciones y sostuvo que no existen elementos que lo incriminen, al tiempo que expresó su confianza en una resolución favorable. En ese contexto, dispuso cambios en la estructura comunal y anticipó acciones legales vinculadas a la causa.
En paralelo, y en cumplimiento de una medida judicial vigente, el jefe comunal continúa desarrollando sus actividades bajo custodia policial y con una prohibición de acercamiento hacia la denunciante.