Leandro Boyer
El proyecto de Presupuesto 2023 que el ministro de Economía, Sergio Massa, giró al Congreso de la Nación promueve la discusión de un plan para eliminar regímenes impositivos especiales, como el de los jueces que no pagan Impuesto a las Ganancias, para reforzar las gestiones tendientes a superar el déficit fiscal.
El texto indica que la meta es terminar el 2022 con un déficit primario equivalente al 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y profundizar el control del gasto público para cerrar el 2023 con esa variable en torno al 1,9 por ciento.
Esos números no suponen una novedad porque son los que la administración de Alberto Fernández se comprometió a alcanzar para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le permita refinanciar los alrededor de 45.000 millones de dólares que solicitó Mauricio Macri. Pero la hoja de ruta que preparó Massa incluye un atajo para alcanzar el equilibrio fiscal.
“En caso de que se pretendiera una mayor robustez de las cuentas públicas, se someten a consideración de los legisladores y las legisladoras, elementos de análisis para evaluar los gastos tributarios, cuya reducción podría generar una mayor recaudación para el Estado Nacional”, indica el proyecto.
Los detalles del plan propuesto se plasmaron en una sección separata del Presupuesto 2023. Allí se desglosan los “beneficios impositivos que sectores específicos de la sociedad reciben a expensas de la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
Los cálculos oficiales concluyen en que, si se eliminan esos privilegios, el Estado nacional podría ahorrar el próximo año más de 3.664.818 millones de pesos, un monto equivalente al 2,49% del PIB proyectado. Ese universo incluye los componentes derivados de normas impositivas (1,81% del PIB) y los derivados de Regímenes de Promoción Económica (0,68% del PIB).
“Usualmente, los beneficiarios de estos incentivos promocionales son grupos empresarios y grandes firmas. El peso relativo de estos beneficios, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB, es un hecho que ha llamado la atención de las autoridades del Fondo Monetario Internacional. En efecto, en un reciente comunicado de prensa, dicha institución ha recomendado la evaluación de la efectividad de los mismos”, señaló el escrito.
En rigor, en el comunicado que difundió el organismo multilateral de crédito, tras la reunión que Massa mantuvo con su directora gerente, Kristalina Georgieva, remarcó que ambas partes coincidieron en la necesidad de “revisar los incentivos fiscales corporativos” y de “combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero”.
Así apuntaló Massa la invitación formal que le envió a los diputados y senadores para analizar la disminución del gasto tributario y reiteró que el objetivo de terminar el próximo año con un déficit de 1,9% del PIB “podría ser mejorado si el gasto tributario se revisara a la baja”.
La alternativa oficial incluye un detallado listado de los regímenes especiales y los gastos que demandarán tanto este año como el próximo. Pero también se apunta a sectores específicos, entre los que figura el Poder Judicial.
“A efectos de facilitar el análisis de los Señores Legisladores, se ha seleccionado un conjunto de gastos tributarios, que concentran casi el 60% del total (1,49% del PIB)”, se explicó en la Separata.
Massa puso la lupa sobre los jueces nacionales y provinciales, quienes están eximidos de pagar Impuesto a las Ganancias. Los guarismos con los que el gobierno justificó la propuesta sostienen que ese beneficio demandará un gasto tributario de $129.105 en 2022 (0,16% del PBI) y que el año próximo la cifra se elevará a $237.850 millones (0,16% PIB).
El gobierno nacional aclaró que la eliminación de ese privilegio “no contemplaría una política pública asociada a este beneficio” porque, remarcó, “influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados”.
Vale recordar que la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad, en noviembre de 2018, que los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación, de las provincias y de los Ministerios Públicos, nombrados a partir del 2017, deben pagar el Impuesto a las Ganancias.
La intención del gobierno nacional de ponerle fin a ese beneficio que perciben los jueces no es nueva. El propio presidente Fernández planteó la cuestión en varias oportunidades. “Disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad”, fue una de las constantes quejas que expresó el jefe de Estado.
El atajo para equilibrar las cuentas públicas contempla que se le empiece a cobrar Ganancias también a las asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas; la eliminación de las alícuotas reducidas del IVA, y el fin de los regímenes de reducción de contribuciones a la seguridad social.
Y también plantea otros temas que prometen activar calurosas discusiones en el Congreso. Uno de ellos tiene que ver con ponerle fin al esquema de promoción económica destinado a Tierra del Fuego, que se creó en 1972 mediante la Ley 19.640 y que establece que en esa provincia no se pagarán impuestos nacionales ni aranceles a la importación.
La propuesta que preparó el gobierno nacional llama a discutir además la continuidad del régimen para el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa (Ley Nº 27.264) y del esquema por el cual los depósitos en entidades financieras quedan fuera del pago de Ganancias.