Corresponsalía Buenos Aires
Sobre el fin de la semana pasada se desencadenaron dos hechos que mejoraron las perspectivas sobre el control de YPF por parte de la Argentina.
Por un lado, el Gobierno de los Estados Unidos se presentó ante la Justicia de su país y respaldó la posición de la Argentina de no entregar las acciones de la petrolera para pagar la sentencia por la nacionalización de la compañía convalidando los argumentos de defensa del Gobierno nacional.
Por otro lado, el fondo Burford y los demás beneficiarios del fallo le entregaron un escrito a la jueza Loretta Preska en el que indican que no quieren quedarse con las acciones de la empresa porque “no es su intención manejar una compañía petrolera”. En cambio, sí reclaman que se obligue a la Argentina a depositar una garantía mientras se tramita la sentencia.
Por su parte, el Gobierno argentino ratificó que no negociará con los beneficiarios de la sentencia y que continuará utilizando todas las instancias legales que estén disponibles.
Apoyo de Trump
El viernes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York como “amicus curiae” de la Argentina, un término jurídico que representa una acción de alguien fuera del juicio a favor de alguna de las partes.
En ese escrito la administración de Donald Trump apoya la posición Argentina de que la entrega de acciones de YPF para pagar la sentencia viola el principio de inmunidad soberana. Esto no implica que respalda un cambio en la sentencia, sino que la forma de pago no debe realizarse mediante la entrega de acciones.
El documento explica que la inmunidad soberana extranjera históricamente protegía la propiedad de estados extranjeros de la ejecución. La FSIA (una norma local) creó excepciones limitadas para propiedad en los Estados Unidos de un estado extranjero, pero no eliminó la inmunidad para la propiedad extranjera ubicada fuera de Estados Unidos.
En consecuencia, concluyó que la orden del tribunal de distrito (de Loretta Preska) “es inconsistente” con estos principios. En esta línea, sostuvo que “existen factores de equidad” para que Argentina obtenga una suspensión de la sentencia.
Preska había ordenado que el país debía entregar las acciones la semana entrante y Argentina pidió la suspensión de esa medida hasta tanto se tramita la apelación del fallo.
Cabe aclarar que Argentina apeló tanto el fallo en contra por U$S 16.000 millones, como la orden de entregar las acciones.
En los últimos días, la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito suspendió la entrega de las acciones. El vocero presidencial, Manuel Adorni, precisó que esta decisión no tiene plazo y que se mantendrá mientras dure este proceso.
En esta línea, aseguró que “Argentina no va a negociar con las partes demandantes y rechaza categóricamente cualquier difusión malintencionada de reuniones paralelas o acuerdos clandestinos”.
El Gobierno se adjudicó el fallo de suspensión de la entrega de acciones y aprovechó para criticar a la administración del expresidente, Mauricio Macri.
“Basta recordar que en 2019 durante las presidencias de Macri y de Trump la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitó al Gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad jurisdiccional invocada por Argentina en esa ocasión el gobierno estadounidense presentó como amicus curiae y emitió un dictamen contrario a nuestro país”, recordó el portavoz.
Adorni aseguró que “la situación cambió y el Gobierno del presidente Milei logró que en menos de un año y bajo dos administraciones diferentes la de (Joe) Biden y la de Donald Trump el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoye la posición argentina en esta causa”.