Roberto Pico
En medio de la tensión en el mercado financiero por el desacople de la tasa de interés y la suba del dólar, el Gobierno nacional formalizó la suscripción de tres créditos con el BID y el Banco Mundial por U$S 1.500 millones.
La gestión de estas líneas de financiamiento corresponden a las negociaciones que apoyaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que preveían una serie de préstamos por hasta U$S 22.000 millones a desembolsar en distintos plazos y hasta en un plazo de tres años.
Si bien este respaldo estaba previsto, no deja de conocerse en un momento crucial de la macroeconomía. La tasa de interés se disparó a la zona d 50% producto de un desordenado desarme de las LEFI por parte del Ministerio de Economía y del Banco Central, el dólar sufre presiones alcistas, y a partir de este miércoles se desplomará la oferta de dólares del sector agropecuario.
De allí que el anuncio (si bien no hay una fecha oficial de la llegada del dinero) busque calmar las expectativas sobre la escasez de dólares que se producirá en el corto plazo.
Cabe recordar que el viernes pasado se conoció la acreditación de otro crédito del Banco Mundial, en este caso por U$S 230 millones, que llevaron las reservas internacionales por encima de los U$S 40.000 millones. Este lunes cerraron en U$S 40.650 millones.
El anuncio de la llegada de estos fondos también tapa parcialmente la demora del FMI en aprobar la primera revisión del acuerdo en curso y del cual deriva un giro de U$S 2.000 millones.
Si bien las negociaciones son continúas, y desde el gobierno dejan trascender que esta semana se destrabará, el FMI aún no confirmó confirma la publicación del Staff Report, y mucho menos la fecha de la reunión del Board. Los plazos se acortan dado que a fin de julio el organismo entra en un largo receso por vacaciones de verano.
De allí que para sosegar las ansias del mercado el gobierno busca todo tipo de mecanismos para avisar que no le faltarán dólares y que además el respaldo de la comunidad financiera internacional es sólido.
Escenario
En el Ministerio de Economía se preparan para sobrellevar un tercer trimestre en el que por estacionalidad la oferta de dólares cae abruptamente tras el fin de las liquidaciones por la cosecha.
Entre febrero y junio, impulsadas por la baja transitoria de retenciones, las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) de los principales productos agrícolas (maíz, trigo, soja y derivados) promediaron U$S 200 millones diarios (U$S 300 millones en mayo y junio). Desde el 1° de julio (fin del incentivo), el promedio cayó a apenas US$ 26 millones diarios, apenas un 10% del nivel previo, estimó la consultora LCG.
El plazo de liquidación de divisas para las exportaciones realizadas antes del 30 de junio vence este miércoles. El promedio fue de unos US$ 250 millones diarios, que se reducirán en forma sustantiva.
En junio se liquidaron U$S 3.800 M por los principales productos agrícolas, y en julio llegaron a U$S 3.200 (hasta el 18 de julio). En consecuencia se estima que es probable que a partir de ahora se observen liquidaciones entre U$S 500 y U$S 1.000 millones mensualizados.
Esto representa una baja de unos U$S 2.000 millones por mes que provocarán una menor oferta y por ende presión en el tipo de cambio.
De allí que el cronograma de desembolsos de los créditos formalizados este martes será fundamental para lograr una transición hasta que sobre el final del año aparezcan los dólares de la cosecha final.
No obstante, también cabe aclarar que de agosto a diciembre de 2025 el gobierno debe cancelar obligaciones con estos mismos organismos multilaterales por US$ 2.100 millones, con lo cual estos desembolsos serán una compensación parcial.
Según la información oficial de los U$S 1.500 millones autorizados hoy, U$S 700 millones llegan desde el BID y U$S 800 millones desde el Banco Mundial.
Un programa es con el BIRF (división del Banco Mundial) por U$S 300 millones para “Modernización de los Servicios de Administración Tributaria”.
Otro es con el BID es por U$S 400 millones y está dirigido al “Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad”, cuyo objetivo es “mejorar el ambiente de negocios para contribuir al incremento de la competitividad del país”.
El tercero y más importante es con el BID por U$S 800 millones para el “Fortalecimiento de la Política Fiscal”.