Roberto Pico
El Gobierno nacional admitió que la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones de granos fue una medida orientada a captar dólares ante la incertidumbre cambiaria y no un real incentivo hacia los productores.
Luego de soportar duras críticas de parte de los hombres de campo, el encargado de dar la cara por el equipo económico fue el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.
El funcionario intentó una explicación lavada en el canal de streaming oficialista Carajo, que ahondó el mal humor de los productores que multiplicaron sus quejas.
En su afán de maquillar lo sucedido, Pazo realizó una serie de cálculos con los precios de la soja buscando sostener que los productores habían logrado una mejora en el precio de venta de 15%.
“Me putean en colores”, tuvo que reconocer Pazo en una de las tantas declaraciones que dio en un raid mediático que se vio forzado a ofrecer en la mañana del viernes.
No obstante, dijo “estar tranquilo” porque fue “una acción correcta”. Y admitió que la medida sirvió “para ordenar la crisis cambiaria”.
El lunes pasado a primera hora el Gobierno publicó un decreto por el cual eliminaba las retenciones a cero para los granos hasta el 31 de octubre o hasta que se cumpla el cupo de U$S 7.000 millones.
El miércoles por la noche se alcanzó el tope y se cerró el beneficio. Luego se supo que las cerealeras aportaron el cupo y, por ende, embolsaron una ganancia de entre U$S 1300 y U$S 1.500 millones.
Pazo negó que la operación hubiese estado acordada con las empresas exportadoras de granos y afirmó que la decisión se tomó durante el fin de semana pasado y solo la conocían muy pocos integrantes del equipo económico.
“La lógica es que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no tirar a la borda el esfuerzo de los toros argentinos”, afirmó Pazo.
De esta forma, el jefe de ARCA blanqueó los reales motivos de la medida que despertó la ira de los productores y avaló las sospechas de algún tipo de acuerdo.
Cabe recordar que el lunes pasado a primera hora de la mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a las cerealeras para “explicarles” el alcance de la decisión.
El Gobierno había llegado a ese momento con un estrés financiero que lo había puesto al borde del colapso. En los tres días previos había tenido que vender U$S 1.110 millones para contener el dólar y le faltaban 25 días de operaciones hasta las elecciones.
Si bien con el anuncio de apoyo de los Estados Unidos el mercado se calmó y se frenó la sangría de divisas las obligaciones del país en materia de deuda en moneda extranjera siguen siendo muy exigentes.
De hecho, hasta el 30 de septiembre aún restan pagarles a diferentes organismos financieros (entre ellos el BID y el Banco Mundial) vencimientos de créditos tomados por U$S 508 millones.
Por tanto, Economía tenía la necesidad imperiosa de conseguir dólares por algún mecanismo y descomprimir el tránsito hasta las elecciones legislativas de octubre.
Con los U$S 7.000 millones declarados, comienza a observarse la liquidación de esas operaciones, con volúmenes diarios superiores a los U$S 1.000 millones.
Si bien el Palacio de Hacienda se niega a ofrecer datos oficiales, se estima que en las últimas ruedas el Tesoro Nacional compró dólares por más de U$S 700 millones. De todas maneras, ese monto se licuará en los próximos días para hacer frente a una parte de los pagos indicados.
En el último trimestre, los pagos en dólares son un total de U$S 2.000 millones, de los cuales U$S 1.000 son al FMI en noviembre. En teoría debiera haber un desembolso del organismo de U$S 1.000 millones por la segunda revisión del programa en curso, pero aún no hay fecha definida para esa auditoría y dado que hasta después de las elecciones no se prevén nuevos encuentros esa obligación debieran afrontarse con recursos propios.