Roberto Pico
La velocidad con la que se completó el cupo para exportar granos sin retenciones generó muchísimas dudas entre los productores agropecuarios y sospechas de algún tipo de acuerdo entre el Gobierno nacional y las principales cerealeras, que pusieron al equipo económico en el centro de los cuestionamientos.
El miércoles a última hora, la Agencia de Recaudación Tributaria y Control Aduanero (ARCA) informó que a menos de 72 horas de estar en vigencia se había completado el cupo de U$S 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que establecía la norma.
A partir de ese momento comenzaron a escucharse las primeras quejas de los productores, molestos porque no habían tenido chance de aprovechar el beneficio.
Con el correr de las horas las sospechas de algún tipo de acuerdo previo entre las principales exportadoras del sector y el Gobierno para asegurar el ingreso de los U$S 7.000 millones fueron cobrando volumen.
La conjetura es que la gestión de Milei publicó la norma de tal forma que le garantizó a las cerealeras un jugoso negocio a cambio de que ingresen de inmediato los U$S 7.000 millones, que servirían para calmar el mercado cambiario.
El ardid habría sido no tomar en cuenta una imposición que obliga a las agro exportadoras a vender los granos que ya tienen comprados.
Según interpretó el periodista especializado Matías Longoni, al abrirse esta ventana los agroexportadores registraron soja, que ya le habían comprado a los productores con las retenciones descontadas, pero ahora sin tener que pagarle el tributo al Estado. Luego, al ya haberse cerrado el plazo de retenciones cero, volverán a comprarles a los productores para completar los embarques, pero de nuevo cobrándoles a ellos las retenciones. O sea, en ningún tramo de la comercialización el productor pudo tomar el beneficio.
Con el malestar creciendo como reguero de pólvora, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolas Pino, evitó la confrontación con las cerealeras y el Gobierno, pero dejó plantada la duda: “Desde anoche (por el miércoles) en La Rural comenzamos a evaluar cómo se dio esta situación, si este beneficio realmente llegó al productor genuino, si pudo aprovecharlo o no”.
En declaraciones radiales, consultado por un posible “maniobra” a favor de las empresas exportadores Pino señalo: “Quiero pensar que la intención era otra porque si no la frustración va a ser grande”.
Lo concreto es que nada de los U$S 1.300 /1.500 millones correspondiente a las retenciones de los U$S 7.000 declarados quedará en manos de los productores.
Un punto a aclarar es que las empresas no cometieron ningún delito, sino que se aprovecharon del diseño erróneo (¿involuntario o adrede?) del decreto.
Por su parte, el titular de la Cámara de Exportadores, Gustavo Idígoras, sostuvo que “toda la operación fue transparente”.
A modo de justificación de lo que sucedió, subrayó que “el haber marcado un tope actuó como mecanismo de presión para acelerar registros de embarque”.
En declaraciones periodísticas, sugirió que “fue un esfuerzo financiero muy grande” de las empresas para reunir los U$S 7.000 millones.
De registros oficiales, surgen que cerca de una docena de compañías exportadoras habrían sido las principales aportantes y por ende las que podrán quedarse con el diferencial de retenciones.
Pese a los fuertes cuestionamientos y a las insistentes consultas, ni el Ministerio de Economía, ni ARCA se mostraron dispuestos a aclarar la situación.
El titular de CRA, Carlos Castagnani, se sumó a los cuestionamientos: “El grueso de los productores no accedió de manera directa a la rebaja de retenciones” y afirmó que “esta situación genera un claro desbalance, ya que el esfuerzo y el compromiso de quienes producen día a día siguen siendo el verdadero motor que sostiene la economía nacional y el beneficio fue para unos pocos”.
Por otra parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que las exportaciones de carnes avícola y bovina mantendrán el beneficio de retenciones cero hasta el 31 de octubre. Pero no se refirió a lo que sucedió en el mercado de granos.
El porqué de la imposición de EEUU
La declaración de Scott Bessent acerca de que la restitución de las retenciones a las exportaciones es una de las condiciones para cerrar el paquete de ayuda al Gobierno de Javier Milei responde a la presión de los agricultores americanos.
Una declaración de la American Soybean Assciation (ASA) revela el cuadro de situación y le da contexto a la decisión de la administración de Donald Trump.
“Los productores estadounidenses de soja lo han tenido claro durante meses: el gobierno necesita cerrar un acuerdo comercial con China. China es el mayor cliente mundial de soja y, por lo general, nuestro principal mercado de exportación”, inició el comunicado firmado por el presidente de esa asociación, Caleb Ragland.
La entidad señaló que “Estados Unidos no ha realizado ventas a China en esta nueva campaña agrícola debido a los aranceles de represalia del 20 % impuestos por China en respuesta a los aranceles estadounidenses. Esto ha permitido que otros exportadores, como Brasil y ahora Argentina, se apoderen de nuestro mercado a costa de los agricultores estadounidenses”.
“La frustración es abrumadora. Los precios de la soja estadounidense están cayendo, la cosecha está en marcha y los agricultores leen titulares que no hablan de cerrar un acuerdo comercial con China, sino de que el gobierno estadounidense está otorgando 20 000 millones de dólares en apoyo económico a Argentina, mientras que este país reduce sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en tan solo dos días”, agregó.
ASA sostiene que “los agricultores estadounidenses ya no pueden esperar ni tener esperanzas. La ASA insta al presidente Trump y a su equipo negociador a priorizar la consecución de un acuerdo inmediato sobre la soja con China. La economía agrícola se resiente mientras nuestros competidores desplazan a Estados Unidos en el mayor mercado importador de soja del mundo”.