Roberto Pico
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena a Cristina Kirchner y los dos feriados fijados para la próxima semana demorarán el debate legislativo de las leyes clave que apuntan a blindar el proyecto para el uso de dinero no declarado con menos controles.
El proyecto que nació mal comunicado y tuvo que sortear obstáculos desde el primer día –como por ejemplo salir a buscar el apoyo de los gobernadores- no puede funcionar sin que los ahorristas estén seguros que no serán perseguidos por el Estado por poner su dinero en circulación.
El “Plan de Inocencia Fiscal”, tal como fue denominado, fue remitido el jueves 5 de junio al Parlamento y ya tiene giro a las comisiones de Presupuesto, Legislación Penal y Legislación General. La intención del oficialismo era lograr un trámite exprés y el miércoles próximo tener dictamen para tratarlo en el recinto. Pero la confirmación de que ese día la expresidenta se presentará en Comodoro Py puso todo en stand by. Superado ese momento, desde La Libertad Avanza insistirán para que llegue a debatirse antes del receso invernal.
Cuando el titular de ARCA, Juan Pazo, y el diputado José Luis Espert, presentaron la propuesta agitaron la bandera de “facilitarle la vida a la gente” y apuntaron a los legisladores de la oposición.
“Acompañar y permitir que los argentinos sean libres y normalicen su situación patrimonial u oponerse y condenar a la gente a la informalidad y a la evasión. O están con la gente o conspiran para seguir arruinándoles la vida. No hay intermedio”, enfatizó Espert en el atril que le pusieron especialmente en la Casa Rosada.
Este proyecto va de la mano de la puesta en vigencia desde el 1° de junio del Régimen Simplificado de Ganancias, al cual los gobernadores debieron dar manifiesto apoyo para impedir que ARCA “les baje la palanca” y los deje sin información sobre sus contribuyentes que tengan consumos por $ 50 millones mensuales.
El martes pasado el gobernador Martín Llaryora suscribió en Buenos Aires el convenio junto al viceministro del Interior, Leandro Catalán. El mismo día lo hizo Alfredo Cornejo de Mendoza. Antes lo habían hecho: CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán.
En ARCA evitan entrar en la confrontación, pero siguen de cerca la situación con los distritos aún renuentes a sumarse al plan. Si bien no se han puesto un plazo para “apagarles el sistema”, no se descarta que en los próximos días haya una advertencia a sumarse lo antes posible para mantenerse on line.
Este escenario de dilaciones complica los planes de Economía que deberá comenzar a buscar alternativas para monetizar la economía y darle vigor a un consumo masivo que continúa muy débil y afecta a la recaudación. Si bien confían que la ley “en algún momento saldrá” la urgencia por la reactivación obliga a que se empiecen a buscar algunas otras herramientas.
Por su parte, la vicegobernadora Myrian Prunotto, junto a un grupo de gobernadores, participó este viernes de una reunión en la Casa de Gobierno que encabezó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que se trató la caída de la recaudación y el flujo de ingresos hacia las provincias.
Junto a Prunotto estuvieron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz).
Francos estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
El Gobierno sentó a Guberman en la reunión para dar un mensaje claro que “lo importante es la caja”, dejando para un segundo plano la reactivación de la economía que, aseguran, llegará desde el orden fiscal: “Si hay más transferencias, también transferimos responsabilidades”, les advirtieron los funcionarios nacionales.
Las finanzas, primero
Con la misma visión, durante la semana la conducción económica estuvo enfocada en el plano financiero. El miércoles se cerró un crédito con bancos internacionales por U$S 2.000 millones, el jueves se confirmó el inicio de la primera auditoría del FMI que generará otro desembolso a mediados de julio también por U$S 2.000 millones y este viernes se tomaron U$S 500 millones adicionales en el mercado financiero. Fue a través de la reapertura del BONTE 2030 (se compra en dólares y paga pesos), licitación en la que pudieron participar residentes. Además se colocaron Lecaps y Boncaps.
La Secretaría de Finanzas debía hacer frente a vencimientos por $ 3,8 billones, pero el mercado ofertó $ 8 billones y en consecuencia, decidió hacerse de $ 6,367 billones. De ese total, $ 593.000 millones fueron del BONTE 2030 a una tasa de 28,46%, un punto menos que en la operación anterior. El resto fue adjudicado en los títulos en pesos.
El excedente por sobre los vencimientos de $ 1.975 billones será depositado en la cuenta del Tesoro en el Banco Central para hacer frente a próximas obligaciones.
Esta absorción de pesos suma a la estrategia de “secar la plaza” y acelerar la desinflación.
En tanto, las reservas subieron a U$S 40.461 porque ingresó el dinero acordado con los bancos.