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| viernes, 05 de junio de 2026
La crisis golpeó de lleno a la industria maderera de Misiones. El aserradero Linor SRL, uno de los principales fabricantes de pallets del país, cerró su planta en la localidad de Azara y despidió a sus 130 empleados en medio de un escenario financiero crítico.
La decisión empresarial desató un fuerte conflicto gremial luego de que trascendiera que la compañía avanzaría hacia una posible quiebra judicial.
Según se conoció, la firma acumulaba desde 2024 una deuda fiscal de $500 millones con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo dispuso el embargo preventivo de todas las cuentas bancarias de la empresa, una medida que terminó paralizando la operatoria.
La situación impidió el pago de salarios y la compra de insumos básicos para mantener la producción. A eso se sumaron deudas con la distribuidora eléctrica, aumento de costos fijos y una fuerte caída de la demanda por la contracción del mercado interno.
Antes del cierre definitivo, la empresa había acordado con los trabajadores una reducción salarial del 20% para intentar sostener una plantilla mínima.
La tensión escaló cuando empleados detectaron movimientos de máquinas dentro del predio mientras parte del personal estaba de vacaciones.
“Mientras estaban de vacaciones se empezaron a sacar máquinas. Vinimos a constatar y faltaban tres”, denunció Agustín Báez, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas.
Según explicó el gremialista, la reacción de los trabajadores fue inmediata cuando vieron cargar equipos en camiones.
Tras el episodio, los operarios instalaron un bloqueo permanente en los accesos de la planta para impedir el retiro de bienes que consideran la única garantía de cobro ante una eventual quiebra.
Los trabajadores aseguran que la empresa adeuda al menos dos meses de sueldo, tres quincenas, vacaciones y aportes patronales de la obra social.
“El personal reaccionó porque entiende que las máquinas son la única garantía de cobro que queda”, señalaron desde el sindicato.
Mientras tanto, abogados del gremio ya intervienen en el expediente judicial y advierten sobre el impacto social del cierre. “Hay familias enteras que dependen de este trabajo y hoy no tienen certezas de nada”, afirmaron.
Camila Charris Pérez