Claudia Mercado
La empresa Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que elaboraba postres y yogures para SanCor, fue declarada en quiebra y cerró dejando en la calle a unos 400 empleados.
La fábrica pasó por varias manos, hasta llegar a los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, que manejan La Suipachense mediante Maralac S.A. El grupo hasta hace dos años y medio era controlado por el Grupo Vicentín, desde que la cooperativa se la cedió en 2016 por US$ 100 millones.
El juez Federico Güerri, a cargo del Juzgado Comercial 29, dio cierre a un extenso proceso que arrastró conflictos desde el nacimiento de la empresa.
Qué fabricaba ARSA
La empresa elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, con las etiquetas Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores.
La situación de los empleados
La Justicia dispuso la liquidación final de la firma y el cierre de las instalaciones, dejando a más de 400 trabajadores en la calle.
La planta bonaerense de Arenaza, en el partido de Lincoln, empleaba a 180 personas; en tanto 200 más se desempeñaban en la fábrica y el centro de distribución de Córdoba.
Asimismo contaba con una importante red logística compuesta por 165 distribuidores que llegaban a 70.000 comercios de forma semanal.
Los empleados contaron que venían cobrando sueldos irregulares, parciales y atrasados. De hecho, en los meses finales, apenas percibieron un cuarto del salario y en efectivo. En otro orden, no habrían recibido aportes a la obra social en los últimos tres años y medio. A raíz de esto, muchos empleados ya se habían dado por despedidos antes de que se decrete la quiebra.
Cómo comenzó el proceso de quiebra
En abril de 2024 hubo un concurso fallido que determinó la activación de la disolución de la empresa. Entre los interesados que sonaban estaban el fondo dueño de Havanna, Inverlat; y Werthein y CarVal: ninguno apareció para el salvataje.
ARSA argumentó su presentación a concurso por la situación económica de entonces, con caída del consumo y la inflación que encarecía la materia prima y mano de obra.
No obstante, en la industria láctea señalan que, más allá del contexto general, la empresa tuvo “años de ineficiencia en la gestión” y hasta se habla de una “quiebra fraudulenta”: es decir, el concurso de acreedores no se habría tramitado de forma completa ni transparente.