Javier Aguirre
En la presentación judicial se fundamenta: “Ante su conducta omisiva –en referencia al Poder Ejecutivo correntino-, consistente en no haber dispuesto la suspensión de las clases presenciales en todos los establecimientos educativos de la Provincia de Corrientes, no obstante de estar seriamente comprometida la salud de la totalidad de los/las docentes de todos los niveles, estudiantes y tutores como consecuencia del agravamiento de los contagios y de los casos fatales provocados por la pandemia del COVID-19”.
Una comunidad educativa “compuesta por más de 550.000 personas, el 48,6% de la población de la Provincia de Corrientes”; que es obligada a movilizarse lo que aumento el riesgo de contagios masivos en ciudades con circulación comunitaria de cepas más agresivas y letales.
Como prueba el sindicato repasa los datos epidemiológicos oficiales, emitidos por el Ministerio de Salud de Corrientes; que ordenó retroceso a Fase 2 y 3 de la Aspo, restringió actividades y estableció confinamiento social para las ciudades en las que habita el 75% de la población de la Provincia.
Manifiesta en la presentación que “contradictoriamente, el Ejecutivo Provincial impuso el retorno a clases presenciales en los más de 1.500 establecimientos educativos durante el mes de junio, exponiendo la salud y la vida de docentes, estudiantes y tutores ante el contexto de crisis epidemiológica por Covid-19 que atraviesa la provincia”.
Agravante
Con el agravante de que “más del 70% de la población de Corrientes todavía no fue inmunizada y de los 32.000 docentes, según el reporte de junio 2021 del Consejo Federal de Educación, solo 9.600 docentes en Corrientes recibieron hasta ahora una dosis de vacuna contra el Covid-19; por lo que el 70% de la docencia de Corrientes sigue esperando ser inmunizada, a pesar de haber sido declarado personal esencial e integrar la lista de agentes prioritarios a inmunizar.
En su solicitud de Acción de Amparo, el SUTECO también remarca que las escuelas públicas de Corrientes no son sanitariamente seguras para el dictado de clases presenciales, debido al déficit de infraestructura, la falta de inversión en elementos de bioseguridad y acondicionamiento edilicios para que las escuelas cumplan con los protocolos preventivos.