Redacción Vía Córdoba
Una reconocida empresa de Córdoba enfrenta una creciente ola de reclamos judiciales por parte de numerosos clientes que denuncian retrasos e incumplimientos en la edificación de sus hogares. La problemática, que se intensificó en los últimos meses generó un clima de gran incertidumbre sobre el futuro de la compañía.
Se trata de la firma Márquez y Asociados, desarrollista que ofrece planes de viviendas. Muchos de los damnificados aseguran que desembolsaron sumas significativas de dinero por casas que jamás se materializaron.
UNA RECONOCIDA EMPRESA ESTÁ EN LA MIRA POR SUPUESTAS ESTAFAS
La justicia provincial ya emitió un fallo favorable a una clienta damnificada, condenando a la constructora al pago de una suma considerable en concepto de daño punitivo, al considerar los acuerdos suscritos como abusivos y la información proporcionada como imprecisa.
Ante el incremento exponencial en el número de personas afectadas, se formalizaron numerosas denuncias ante los organismos de defensa del consumidor y se promovieron nuevas acciones penales por presunta estafa y asociación ilícita.
El abogado Rubén Sánchez Quinteros patrocina a un grupo de particulares quienes se consideran víctimas de un engaño por no haber recibido las propiedades por las que abonaron y solicitan ser admitidos como querellantes en la causa judicial. El letrado cuestiona la publicidad de supuestos avances en obras que se encuentran paralizadas, incluso con mensajes engañosos difundidos a través de redes sociales.
La acumulación de denuncias en diversas fiscalías de la ciudad de Córdoba motivó la remisión de varias presentaciones a la Fiscalía General, con la posibilidad latente de que se disponga su unificación bajo la órbita del área especializada en Delitos Complejos.
En el ámbito corporativo, circulan conjeturas sobre eventuales medidas que la compañía podría implementar para reordenar su delicada situación financiera y evitar un concurso preventivo de acreedores o una eventual quiebra instada por alguno de sus acreedores. Trascendió que empleados de Márquez Constructora Desarrollista manifestaron su preocupación por la falta de abono de salarios adeudados y del aguinaldo correspondiente, e incluso se mencionó la implementación de un programa de retiros voluntarios.
A pesar de este panorama inquietante, los informes crediticios de la empresa y de sus principales accionistas, Ariel Hernán Márquez y Juan Pablo Márquez, se mantenían hasta el momento en una calificación de “Situación 1″, sugiriendo una aparente normalidad en sus obligaciones financieras. No obstante, fuentes cercanas a la investigación advierten que el conflicto excede los límites geográficos de la provincia de Córdoba, extendiéndose también a otras jurisdicciones del país.
La incertidumbre se agudiza ante la posibilidad de que el modelo de negocio implementado por la constructora opere bajo un esquema similar al denominado “tipo Ponzi”, donde los ingresos generados por la captación de nuevos clientes se destinan a financiar las obras correspondientes a los inversores más antiguos, un sistema intrínsecamente vulnerable al colapso por la eventual insuficiencia de fondos frescos.
Si bien la empresa informa sobre la entrega de más de 1.500 viviendas durante el año 2024, se estima que podría existir una cartera de aproximadamente 30.000 clientes activos dentro del sistema, lo que implicaría un plazo de cumplimiento de hasta 20 años al ritmo de edificación actual, una demora considerablemente mayor a los plazos inicialmente prometidos.