Redacción Vía Córdoba
El Concejo Deliberante de Río Cuarto aprobó un proyecto ingresado por el ejecutivo municipal para legalizar y reglamentar el uso de Uber en la ciudad. Fue votado con unanimidad. Se trata de una ordenanza que establece regulación para el servicio de transporte publico y semipúblico de autos de alquiler con chofer y que incorpora al servicio privado. Una vez promulgado, estiman que a comienzos del 2025 comenzaría a tener vigencia.
Sería la segunda ciudad de a provincia de Córdoba en aprobar la regulación de la plataforma. La primera fue Villa Allende. En los comienzos del debate, taxistas y remises mostraron resistencia a la medida. Marcharon en algunas oportunidades hacia el Concejo Deliberante, pero finalmente lograron acordar una regulación integral.
“El miedo de ellos era que iban a desaparecer. Buscamos crear una ordenanza integral que les permita competir” explicó Leandro Carpintero, concejal del oficialismo, a La Voz. El bloque Unidos Primero Río Cuarto del radicalismo en septiembre tomó la demanda de vecinos para relevar la utilización del servicio. Trabajaron con la iniciativa popular y obtuvieron más de 900 firmas.
CÓMO FUNCIONARÁ UBER EN RÍO CUARTO
El estado municipal va a fijar una tarifa máxima a los taxis, remises y aplicaciones. Va a haber reglamentación y controles. Se le pidió a las app que tengan domicilio fijado en la ciudad”, explicaron desde el Concejo.
Antonela Nalli, concejal del radicalismo, señaló: “Se aprobó la libertad del usuario para decidir en qué moverse”. Agregó que cuando comenzaron a diagramar el proyecto observaron que entre el 60, 70% del servicio de remises estaba ya dentro de Uber.
En septiembre de 2023, en Río Cuarto prohibieron la utilización de este tipo de aplicaciones. En ese entonces la Municipalidad realizaba controles pero tiempo más tarde la demanda del usuarios fue creciendo cada vez más.
Uno de los requisitos que establece la ordenanza es que la empresa fije un domicilio en la ciudad, cuente con un representante legal y abone un canon que sería destinado a un fondo de movilidad urbana. Esta regulación aportaría un equilibrio con lo que se requiere a las agencias de taxis.