Redacción Vía Córdoba
Se hicieron efectivas las sanciones de Río Tercero, que multan a participantes de fiestas clandestinas a realizar tareas comunitarias. La resolución del municipio comenzó a implementarse esta semana, e involucró a casi una decena de personas que debieron limpiar calles y espacios públicos como “castigo”.
De esta manera, los participantes de fiestas clandestinas son demorados e identificados por la Policía. Luego, se les impone una sanción que deben cumplir realizando trabajos comunitarios, en el marco de las infracciones contempladas en el Código de Faltas Municipal que rige desde 2007.
El municipio riotercerense sanciona con multas de entre 40.000 y 200.0000 pesos, arresto, trabajos comunitarios y asistencia a cursos educativos a quienes transgreden las disposiciones sanitarias y de seguridad e higiene, entre otras conductas que afecten a la sociedad y a las instituciones, tanto públicas como privadas.
Efectivización de las penas
En el marco de la emergencia sanitaria y debido a las transgresiones de eventos nocturnos no autorizados, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer (UCR), resolvió extender la norma a las fiestas clandestinas. En consecuencia, los infractores pueden optar por abonar la multa o permutar por esta clase de trabajos.
Ferrer dijo a Télam “No se persigue un fin recaudador, sino la concientización a través del trabajo comunitario porque observamos que a pesar de las multas, hay conductas que se repiten, particularmente en los jóvenes”.
Esta semana, siete adolescentes que participaron en una fiesta ilegal reciente ya optaron por las tareas comunitarias, que son asignadas por el Departamento de Recursos Humanos. Los jóvenes se ocuparon del barrido de veredas, de arreglos de plazas y de la recepción de vecinos en el vacunatorio.
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Todos los trabajos se realizan en plazos de entre 10 y 15 horas de trabajo, divididos hasta en siete jornadas.
Ferrer detalló que la norma legal establece que la imputabilidad alcanza a los mayores de 16 años, y que en el caso de las infracciones cometidas por los menores de 16, la responsabilidad del cumplimiento de las sanciones recae sobre los padres, tutores y representantes legales.