El femicidio de Rocío Belén Gómez, de 27 años, conmocionó a Santa María de Punilla y volvió a poner el foco sobre el control de las medidas de protección dictadas por la Justicia.

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La joven fue asesinada durante la madrugada del 20 de julio, luego de una discusión con Maximiliano Braudaco, su primo y expareja, con quien tenía una hija en común. El hombre ya había sido condenado por hechos de violencia y tenía una restricción de acercamiento vigente.
El ataque ocurrió delante de sus hijas
Según la investigación, Rocío había ido a la vivienda ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría para ver la final del Mundial junto a Braudaco. Después del partido comenzó una discusión que terminó en el ataque.
El crimen ocurrió delante de las tres hijas de la víctima, de 9, 6 y 2 años. Las dos mayores intentaron defender a su madre, mientras que la abuela logró escapar para pedir ayuda.
Cuando regresó, encontró a Rocío gravemente herida. La autopsia determinó que murió por un shock hipovolémico provocado por múltiples heridas de arma blanca que afectaron órganos vitales.

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Luego del ataque, Braudaco escapó caminando. Un vecino lo vio con manchas de sangre y le preguntó qué había ocurrido. "Apuñalé a Rocío", respondió, según consta en la investigación.
Poco después fue detenido por la Policía de Córdoba e imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.
El antecedente que ahora investiga la Justicia
La causa también puso el foco sobre el historial judicial del acusado. En 2025 había sido condenado a dos años y seis meses de prisión condicional por coacción y daño calificado, en una causa iniciada tras una denuncia presentada por la madre de Rocío.

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Como parte de esa condena debía cumplir distintas reglas de conducta, entre ellas una restricción de acercamiento, realizar tratamiento psicológico y abstenerse de consumir alcohol y drogas.
Sin embargo, desde el Patronato del Liberado informaron que Braudaco incumplía esas obligaciones y que esa situación había sido comunicada oportunamente a la Justicia, sin que se adoptaran nuevas medidas.
