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| martes, 09 de junio de 2026
La investigación por la muerte de Tomás Orihuela, el joven de 19 años encontrado sin vida en la Comisaría Sexta de barrio General Paz de la ciudad de Córdoba, sumó un nuevo capítulo. Este apartado judicial generó fuerte impacto en la opinión pública.
A pesar de que hay seis integrantes de la Policía de Córdoba imputados por el fiscal Andrés Godoy, solo la oficial Antonela Romero permanece tras las rejas. Su defensa presentó un recurso para que pueda abandonar la cárcel y esperar el juicio en su casa.
El abogado defensor Fernando Vásquez confirmó que el pedido se basa estrictamente en la edad del hijo de la agente, investigada por la muerte del joven de 19 años. “La ley prevé que los menores de cinco años deben estar con la madre”, fundamentó el letrado, en diálogo con La Voz.
Según Vásquez, no existen riesgos procesales que justifiquen que Romero sea la única privada de su libertad. El letrado cuestionó la medida al considerar que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
“Estamos hablando de una chica que vive en Deán Funes, lejos del lugar de la investigación”, señaló. Para la defensa, la oficial solo cumplió con su deber al detectar un pedido de captura que figuraba vigente.
Sin embargo, la situación de la policía es delicada. La fiscalía sospecha de un presunto “ensañamiento” previo contra la víctima, ya que habrían existido conflictos anteriores entre ambos durante controles callejeros.
Otro de los puntos que complica a Romero es la supuesta eliminación de pruebas. Se investigan chats comprometedores que habrían sido borrados de los teléfonos de los efectivos involucrados en el operativo.
En esta trama también aparece un comisario imputado por encubrimiento agravado. Se piensa que el jefe policial le habría facilitado su propio teléfono a la detenida para que borrara mensajes relacionados con la detención de Orihuela.
Al respecto, el abogado Oscar Sarti indicó que la imputación de su defendida incluye la “alteración de los medios de prueba”, según dijo a El Doce. Aunque aclaró que aún rige el secreto de sumario sobre el contenido de dichas comunicaciones.
La Justicia intenta determinar por qué Orihuela fue trasladado si la orden de captura en su contra ya no tenía validez. Según la instrucción, desde la Unidad Judicial le habrían advertido a la policía que el pedido no estaba vigente.
A pesar de la advertencia, el procedimiento continuó. El joven pasó cuatro horas arriba de un patrullero antes de ingresar a la celda donde, apenas 30 minutos después, fue hallado ahorcado con su propio buzo el pasado 26 de abril.
Por el momento, el fiscal Godoy aguarda informes periciales para decidir si hace lugar al pedido de detención domiciliaria o si mantiene a la oficial en un establecimiento penitenciario mientras avanza la causa por homicidio culposo.
Redacción Vía Córdoba