Redacción Vía Córdoba
A días de que se cumplan 19 años del asesinato de Nora Dalmasso de Macarrón, su círculo íntimo despliega nuevos recursos legales buscando impedir el cese definitivo de la causa. La familia acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (TSJ) con la intención de revertir el reciente dictamen que dispuso la prescripción.
Cabe recordar que la Cámara del Crimen 2 de Río Cuarto revocó una sentencia anterior que había habilitado un proceso “por la verdad”. Esta nueva resolución judicial sobreseyó completamente al último sospechoso. La Cámara determinó que, si bien el suceso es grave y aberrante, no puede compararse o equipararse a los supuestos exceptuados de la prescripción, tales como los casos de lesa humanidad.
La familia de Nora Dalmasso apelará al Tribunal Superior de Justicia
El último imputado en el expediente judicial es Roberto Marcos Bárzola, quien se desempeñaba como lustrador de pisos en la vivienda de Macarrón al momento de ocurrido el hecho. Bárzola fue incriminado en diciembre de 2024 por el fiscal Pablo Jávega por abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte.
Su perfil genético coincide con el ADN encontrado en ocho muestras del cinto de la bata, que fue el arma utilizada para estrangular a Dalmasso. También existe coincidencia con un vello hallado en la ingle de la mujer. Las pruebas que lo comprometerían estaban recopiladas desde los inicios de la pesquisa; sin embargo, nunca antes se había tomado su material genético para cotejar.
La representación legal de los Macarrón considera que el cierre del expediente es inconstitucional. Mariángeles Mussolini, abogada querellante de Facundo Macarrón, subrayó que esta causa exhibe características irrepetibles que imposibilitaron el avance normal del proceso. Mencionó obstáculos para que los hijos se constituyeran como querellantes y señaló impedimentos legales producto del mal desempeño de funcionarios judiciales. La letrada sostuvo que se trata de un femicidio, un delito de género que afecta gravemente el derecho humano a la vida.
Además, planteó que no se verifica el desinterés social, una característica propia de la naturaleza jurídica de la prescripción. Agregó que el derecho al proceso no puede prevalecer sobre los derechos de la víctima, destacando que Valentina era menor de edad cuando ocurrió el suceso y no pudo acceder a la justicia en ese momento.
En un frente paralelo, los parientes de Nora Dalmasso también denunciaron ante el jury de enjuiciamiento a tres de los primeros fiscales que intervinieron en el caso de Río Cuarto: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. La Legislatura ha iniciado el análisis del caso para determinar si corresponde abrirles un juicio político por presuntas irregularidades y omisiones.