Las redes sociales son una fuente inagotable de opiniones y comentarios de un centenar de personas, en donde puede reconocerse un público general y también, figuras del espectáculo, del deporte, del ámbito empresarial y del público (políticos, funcionarios estatales, entre otros). Y es en este último grupo por el que, el Tribunal Superior de Justicia, se ha expresado. Puntualmente, el ente apunta a magistrados y funcionarios judiciales provinciales, a quienes le ofrece una serie de recomendaciones para el uso de las redes sociales.
A través del acuerdo reglamentario 1.670, y a instancias del Tribunal de Ética del Poder Judicial, se fijaron “criterios orientativos vinculadas al uso de las plataformas o redes sociales”, los cuales fueron incorporados al Código de Ética. Los mismos son presentados como recomendaciones pero que sirven de criterio para las resoluciones éticas.
En este sentido, el Tribunal Superior advierte a los jueces que tienen “limitada o afectada” su libertad de expresión por el cargo que ocupan; y aconseja usar las redes para “socializar con ciertos ámbitos de información, que contribuyan a la formación y actualización en áreas de conocimiento diverso”.
El apartado invita a que los funcionarios no usen seudónimos y se manejen siempre con el nombre, con o sin la mención del cargo que se ocupa. Además solicita que los magistrados conozcan el “funcionamiento y la lógica” de la red que van a utilizar. Renglón aparte, los convoca a estar “atentos y reflexivos” por la “desinhibición” que suele provocar el espacio de lo virtual.
En esa línea, la Justicia de Córdoba le pide a los suyos “mantener el decoro, la integridad y la moderación en todas las publicaciones”. Y les recuerda que tienen una observación especial, por lo cual deben comportarse en redes como en la vida: guardando el decoro de la responsabilidad que tienen.
Al mismo tiempo, el Tribunal Superior hace hincapié en que las “defecciones” de un magistrado se trasladan a todo el Poder Judicial como un impacto negativo, potenciado por lo virtual, en tiempos donde la consideración ciudadana de la Justicia es muy baja.
Posteriormente, el máximo órgano judicial despliega una especie de tutorial para publicar en redes: hacer un examen previo si lo que se va a postear también lo podría decir en el mundo interpersonal y si tiene “razonabilidad ético-judicial’.
Estas recomendaciones se enmarcan en un contexto de “cancelaciones en redes sociales”, en donde una decena de figuras públicas se han visto juzgadas y denunciadas por publicaciones realizadas en las redes sociales. Uno de estos casos fue el de la legisladora Patricia De Ferrari (PRO) quien fue suspendida de su banca por seis meses tras un comentario realizado en la red social Twitter. La funcionaria cordobesa escribió una publicación en su cuenta personal haciendo alusión al proceso de dictadura militar argentino. “Falta mucho para que aparezcan los Falcon verdes para ‘impartir’ la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía”, escribió en su momento. Posterior a esto, De Ferrari pidió disculpas, pero una serie de instituciones y usuarios expresaron su repudio ante este comentario, y fue duramente sancionada por la Legislatura de Córdoba.