Redacción Vía Córdoba
Las declaraciones de Ignacio Martín, el “falso médico” del COE Río Cuarto, provocaron un cimbronazo en el terreno político de esa ciudad. El joven habló por primera vez desde la cárcel y apuntó contra funcionarios públicos que, según declaró, sabían de su falta de títulos.
Puntualmente, Martín apuntó contra tres autoridades: Marcelo Ferrario, secretario de Salud de Río Cuarto, Diego Almada, ex titular del COE Regional Río Cuarto y Pablo Carvajal, exsecretario de Salud de Córdoba; quienes habrían conocido su situación.
Las declaraciones, provocaron la reacción del arco político de la ciudad. Los concejales opositores de Juntos por Río Cuarto reclamaron la reapertura de la causa judicial sobre posibles complicidades políticas del accionar de Martín (archivada por el fiscal Miralles). Sin embargo, el fiscal municipal, Ricardo Muñoz (hijo) rechazó el pedido y destacó que el municipio fue víctima de Martín.
La defensa al municipio
“Ningún funcionario sabía que no era médico”, manifestó Muñoz y apuntó que el falso médico se habría aprovechado “del contexto extraordinario y grave de la pandemia y de un procedimiento electrónico recién habilitado, para introducir documentación falsificada”.
Muñoz dijo que los dichos de Martín contra funcionarios se corresponden con “una conducta desesperada propia de una persona que se encuentra privada de la libertad desde hace un año medio, viendo que la Justicia avanza en su contra realiza manifestaciones que lo único que hacen es reconocer ratificar y consentir su conducta respecto a actos que encuadran en los diversos artículos que se le imputan”.
La palabra de la oposición
Tras hacerse públicas las declaraciones, concejales de la oposición de Río Cuarto pidieron la renuncia del secretario de Salud, Marcelo Ferrario, y del subsecretario de Salud, Isaac Pérez Villareal.
Además, criticaron al fiscal del cuarto turno, Daniel Miralles, quien archivó la causa de complicidades. “Fue una causa exprés que deslindó a toda la administración Llamosas de responsabilidades políticas. En su momento, la Provincia y el municipio sólo trataron de victimizarse. Hoy, a partir de lo que dice este muchacho, hay más elementos para investigar. En ese marco pedimos la renuncia de los dos funcionarios”, solicitaron.
“El Estado no puede ser víctima. Víctimas son las personas que perdieron familiares. Un chico de 18 o 19 años es imposible que engañe a toda una burocracia administrativa. Acá, como mínimo, para nosotros hubo omisión en los controles, lo que permitió que la salud de los riocuartenses esté en manos de un médico trucho de 18 años. O, como dice Martín, sabían”, agregó Gonzalo Parodi, presidente de la bancada de la oposición.