Rocío Ledesma
Diciembre de 2013 marcó un antes y un después en la historia reciente de Córdoba. La provincia se vio envuelta en una noche oscura, un suceso que cambió miles de vidas y que se llevó dos. Durante el 3 y 4, se desencadenó una oleada de saqueos a lo largo del territorio, que se encontraba liberado por un acuartelamiento policial.
El reclamo de los uniformados era claro: mejores salarios y condiciones laborales. Con la impotencia de varias demandas salariales desoídas, decidieron apagar las patrullas y concretarse en la base del Comando de Acción Preventiva (CAP) sobre calle Celso Barrios.
Cómo fue la gesta del caos del 3 y el 4 de diciembre
El conflicto no apareció de forma repentina; venía gestándose desde hacía varias semanas, con reclamos encabezados por las esposas y familiares de los policías. Los agentes de la fuerza arrastraban un malestar profundo por sueldos bajos, muchas horas de servicio y un escaso margen para peticionar, ya que por ley no podían sindicalizarse ni realizar huelga. Las autoridades ignoraron los reclamos, hasta que la tensión social explotó.
El 3 de diciembre, la situación se volvió irreversible. Integrantes del CAP se negaron a salir a patrullar y se acuartelaron. En principio, no tenían ningún representante. Más tarde, apareció el abogado Miguel Ortíz Pellegrini, quien hizo de intermediario con el Gobierno provincial. El reclamo inicial era preciso: un aumento salarial y la promesa de que ningún miembro sería sancionado por la medida de fuerza.
La dilatación del diálogo, sumada a la ausencia del entonces gobernador José Manuel de la Sota, que se encontraba fuera del país, empeoró el panorama. Cuando el sol se puso, la ciudad entró en una fase de descontrol absoluto. Por más de 30 horas, Córdoba se convirtió en un territorio liberado.
Con Córdoba sola, los saqueos se apropiaron del terreno
Mientras unos grupos de personas destruían comercios, en la otra cara de la moneda, vecinos armados intentaban custodiar sus pertenencias. Hubo una enorme cantidad de locales saqueados, cientos de personas lesionadas y dos muertes: un joven fue baleado y un anciano falleció debido a un infarto mientras protegía su hogar. La violencia urbana escaló hasta el punto de golpizas e intentos de linchamientos en las calles.
El gobierno provincial solicitó ayuda a la Nación, cuya presidenta era Cristina Fernández, pero el auxilio federal (Gendarmería) supuestamente nunca se materializó, un hecho que marcó a fuego la relación entre Córdoba y el kirchnerismo.
El miedo, la defensa y la incertidumbre de los vecinos
Ante la oleada de saqueos, el miedo comenzó a avanzar rápido. Los negocios fueron los primeros objetivos, y muchos comerciantes tuvieron que recurrir a métodos poco convencionales para proteger su fuente de ingresos. Cristian, dueño de Chakan, un comercio de Villa El Libertador, relató cómo se protegió: “Me metí adentro del local con dos dogos. Cuando rompían al lado, los perros parecían leones adentro. No hacía falta ningún revólver, con los perros era suficiente”.
Por su parte, Esteban, de Almacor, recordó la intensa sensación de ansiedad e incertidumbre que dominaba el ambiente. Contó que, con ayuda de familiares y amigos, pudieron proteger los supermercados de barrios Santa Isabel y Villa El Libertador.
El día después: el acuerdo y las consecuencias judiciales
El 4 de diciembre, De la Sota regresó a la provincia y lideró las negociaciones. Hacia el mediodía, se llegó a un acuerdo: un incremento del 30 por ciento en el sueldo y la promesa inicial de que no habría sanciones. Poco tiempo después, las patrullas comenzaron a circular nuevamente. En ese momento, también se dieron distintos enfrentamientos con ladrones.
Las consecuencias judiciales llegaron poco después. En 2018, la Justicia de Córdoba condenó a 52 policías implicados en la revuelta por delitos como desobediencia a la autoridad. Sin embargo, las sentencias dictadas fueron condicionales, lo que significó que ninguno terminó encarcelado. Se solicitó investigar a rangos superiores, pero esto nunca prosperó.
Los saqueos nunca fueron juzgados, y los delincuentes jamás fueron identificados. Las dos muertes tampoco se esclarecieron, quedando impunes los responsables. El acuartelamiento de 2013, que se extendió a otras provincias en lo que se denominó “efecto contagio”, dejó una cicatriz profunda.
Córdoba aún se cuestiona sobre cómo una demanda salarial devino en tal noche de terror. El miedo se recuerda como un factor común que unió a los vecinos, transformando a personas comunes en ladrones y a otros, en defensores armados. Córdoba aún pregunta, y aún busca respuestas.