Ciudad a ciudad, Argentina en red
| martes, 09 de junio de 2026
En una sentencia sin precedentes para la justicia argentina, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba determinó que la muerte de Melín Agustina Sartori fue consecuencia directa de la vacuna Sputnik V. El tribunal ordenó al Estado nacional cumplir con la indemnización en un plazo de 30 días.
Melín era una joven cordobesa de 24 años, deportista y sin enfermedades previas, que recibió la primera dosis el 15 de julio de 2021. Apenas dos semanas después, el 29 de julio, falleció en lo que fue un rápido deterioro de su salud que incluyó tres cirugías cerebrales.
Seis días después de la aplicación, ella comenzó con síntomas de cefaleas intensas, vómitos y la aparición de “petequias” o manchas en el rostro. Los estudios posteriores confirmaron que padecía trombocitopenia trombótica inducida por vacuna (VITT).
Este síndrome infrecuente combina la formación de coágulos con un nivel extremadamente bajo de plaquetas en la sangre. El abogado de la familia, Martín Bárbara, sostuvo que el estado clínico permitía concluir sin dudas que la causa fue la inoculación.
Un punto determinante para el fallo fue la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa). El organismo oficial reclasificó el evento y reconoció formalmente el nexo de causalidad entre la dosis aplicada y el daño sufrido.
La resolución judicial establece que la familia debe recibir la compensación económica contemplada por la Ley 27.573, sancionada durante la pandemia. El monto equivale a 240 haberes mínimos jubilatorios, lo que hoy representa una cifra cercana a los 95 millones de pesos.
Bárbara remarcó que la vacuna de origen ruso carecía en aquel momento de una farmacovigilancia estandarizada por la comunidad científica mundial. También recordó que la Organización Mundial de la Salud nunca otorgó a este desarrollo una autorización de emergencia definitiva.
Virginia Ruiz, madre de la víctima y médica de profesión, aclaró que su objetivo principal nunca fue económico. “Mi intención era que se comunicaran con los otros que habían recibido la multidosis para prevenir más muertes”, explicó luego de haber intentado denunciar el lote.
La difusión del episodio en congresos médicos permitió que, tiempo después, un colega en Buenos Aires detectara un cuadro similar y salvara a otro paciente. Ruiz enfatizó que su postura no es "antivacunas", sino una exigencia de mayor responsabilidad y controles estatales.
Este fallo inédito en Córdoba sienta una base jurídica fundamental para otros posibles reclamos vinculados a efectos adversos graves durante la campaña de vacunación. La Justicia ratificó que el Estado debe hacerse cargo de las consecuencias derivadas de las decisiones tomadas en el marco de la emergencia sanitaria.
Redacción Vía Córdoba