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| jueves, 11 de junio de 2026
La Justicia de Córdoba dispuso la elevación a juicio de la causa contra el excomisario Horacio Antonio Grasso, de 55 años. El exefectivo está imputado por abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefacientes.
Según la querella, los hechos ocurrieron de manera sistemática en un departamento de calle Buenos Aires 315, en el centro de la ciudad. En ese domicilio, el acusado cumplía una cuestionada prisión domiciliaria otorgada por razones de salud.
El abogado de la víctima, Carlos Nayi, calificó la situación como una muestra de la "inacción de la Justicia", según dijo, en diálogo con El Doce. Desde la perspectiva del letrado, la falta de respuesta estatal habilitó el camino para que se cometieran delitos aberrantes.
Uno de los datos que surgió de la investigación fue la recurrente violación de las condiciones de detención. Grasso habría vulnerado el radio de la prisión domiciliaria en 255 oportunidades entre 2021 y 2025.
Nayi denunció que, pese a las alertas del Centro de Personas de Vigilancia Electrónica, no se tomaron medidas. "El 12 y 13 de octubre de 2022 se encendieron las alarmas y se comunicó al juez de ejecución penal; nada se hizo", afirmó el abogado.
El imputado utilizaba pedidos de turnos médicos falsos como excusa para abandonar su domicilio. Durante esas salidas, Grasso habría circulado en moto por distintos sectores de la ciudad con total impunidad.
La víctima acudió al Polo de la Mujer el 12 de octubre de 2022 y el 29 de diciembre de 2023. En ambas ocasiones relató los ataques sexuales y las amenazas de muerte que recibía.
"La víctima denunciaba el asalto sexual despiadado de este hombre cuando podía, arrastrándose al lugar donde necesitaba ser escuchada", detalló Nayi sobre el estado de vulnerabilidad de la denunciante.
A pesar de haber presentado un pendrive con pruebas de las intimidaciones y el riesgo de vida inminente, no se adoptaron medidas de protección. Para la querella, esta desprotección fue determinante en el desenlace del caso.
El departamento donde ocurrieron los abusos es el mismo donde fue encontrado el cuerpo de Milagros Basto en julio de 2025. La mujer murió por asfixia mecánica y su cadáver fue encontrado envuelto en frazadas.
Nayi vinculó ambos hechos como una "crónica de una muerte anunciada". Aseguró que la Justicia, al no cumplir su misión, incurrió en una "particular manera de matar" por omisión de sus deberes.
"La justicia es el Dios tutelar de toda la sociedad y el pedido de justicia ya no es un derecho de las víctimas solamente, es patrimonio de todos nosotros", concluyó el letrado al solicitar que se juzgue también al hermano del acusado.
Horacio Grasso ya contaba con una condena previa de 27 años de prisión por un hecho ocurrido en 2007. Aquel caso involucró la muerte del niño Facundo Novillo durante un asalto.
A pesar de la condena y de que el Servicio Penitenciario desaconsejaba el beneficio, el juez de ejecución Echenique Esteve le otorgó la domiciliaria en dos oportunidades alegando problemas de artritis e hipertensión.
Actualmente, el hermano de Grasso también se encuentra detenido bajo la imputación de encubrimiento agravado. El familiar fue capturado en Tartagal tras permanecer varios meses prófugo de la justicia.
Redacción Vía Córdoba