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| viernes, 12 de junio de 2026
Cuatro familiares directos de Tomás Elías Orihuela, el joven de 19 años que falleció luego de ser detenido en la Comisaría Sexta de la ciudad de Córdoba, recibirán una autorización excepcional para asistir a su último adiós. Los internos, alojados en el complejo carcelario de Cruz del Eje, serán movilizados bajo un estricto protocolo de seguridad.
El dispositivo logístico contempla una escala técnica en el penal de Bouwer. Desde ese punto, el personal del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) encabezará el tramo final del traslado hacia la zona este de la Capital provincial.
El destino final de la comitiva es la casa funeraria Los Capuchinos, ubicada en la calle Patria 327, según comunicó La Voz. La sala velatoria se encuentra en el límite entre los barrios Altos de General Paz y Yapeyú, donde se dispuso una presencia preventiva de la fuerza ante la presencia de la familia.
Este procedimiento busca garantizar el derecho al duelo de los familiares en un entorno controlado por las autoridades penitenciarias. Una vez finalizada la ceremonia, los cuatro aprehendidos serán reintegrados a sus respectivos módulos de reclusión de manera inmediata.
La situación ocurre en medio de una creciente tensión institucional por las circunstancias que rodearon la muerte del joven. El fiscal Andrés Godoy, a cargo de la Fiscalía ocho, supervisa tanto los aspectos judiciales como las garantías para este encuentro familiar.
En paralelo al operativo de traslado, se conocieron las primeras conclusiones del informe médico forense realizado sobre el cuerpo de Orihuela. El estudio se llevó adelante bajo el Protocolo de Minnesota, el estándar internacional para muertes bajo custodia estatal.
Los peritos determinaron de manera preliminar que la causa eficiente de la muerte fue asfixia por ahorcamiento. El documento oficial destaca que en el cuello del joven se detectaron marcas compatibles con el uso de un buzo para tal fin.
Un dato central para la causa es que el informe descartó la existencia de lesiones compatibles con una golpiza. "No hay evidencia de violencia física previa al deceso", sostuvieron fuentes judiciales sobre las conclusiones entregadas al fiscal Godoy.
La investigación judicial también intenta esclarecer por qué Orihuela permanecía detenido al momento del hecho. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, admitió que existió una falla en la actualización de los sistemas informáticos de la Policía.
El joven había sido detenido porque en la pantalla de los efectivos figuraba un pedido de captura vigente. No obstante, Quinteros aclaró que "estaban vigentes en el sistema, pero no en la realidad", ya que el joven contaba con un oficio de libertad previo.
“No se cargó la baja de pedido de captura. El pedido de levantamiento nos llegó recién el lunes”, explicó el funcionario sobre la segunda detención del sábado, en diálogo con El Doce. Sobre la custodia en la celda, reconoció que aunque se suelen retirar cintos, el joven conservó su buzo.
Pese a los datos forenses, la familia de Orihuela, representada por la abogada María Risotti, mantiene sus sospechas sobre el accionar policial. "La familia descree totalmente de la hipótesis del suicidio", afirmó la letrada, cuestionando la validez del procedimiento.
Por su parte, el ministro Quinteros insistió en que la prioridad absoluta es alcanzar la verdad en el caso. “El cuerpo habla y se van a saber los resultados. Necesitamos como sociedad tener la verdad”, enfatizó el titular de la cartera de Seguridad.
La Justicia ya ordenó el secuestro y peritaje de los teléfonos celulares de todos los agentes de la Comisaría Sexta involucrados. Además, la Dirección de Investigación Operativa (DIO) trabaja en el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir los últimos minutos del joven.
Redacción Vía Córdoba