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| lunes, 08 de junio de 2026
La Justicia Federal de Córdoba dictó el procesamiento del dueño de una clínica de fertilidad, una empleada administrativa y un abogado, acusados de integrar una red de trata de personas con fines de explotación reproductiva.
La medida, dispuesta por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, responde a una investigación que detectó el aprovechamiento de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad económica para realizar gestaciones por sustitución.
La investigación, impulsada por el fiscal Enrique Senestrari y la PROTEX, puso bajo la lupa a la clínica Fecundart, ubicada en el barrio Nueva Córdoba. Según el expediente, el centro médico usaba su base de datos de donantes de óvulos para identificar a mujeres con necesidades financieras urgentes y falta de empleo formal.
Originalmente, las víctimas eran convocadas para donar gametos a cambio de una compensación. Sin embargo, luego eran “tentadas” para subrogar sus vientres por sumas que rondaban los 10 mil dólares, según publicó TN.
El juez remarcó que tanto el dueño como la empleada conocían el contexto de precariedad de estas mujeres y, aun así, avanzaban con los tratamientos médicos. En diversos casos, se realizaron transferencias embrionarias sin contar con la autorización judicial previa que requiere este tipo de procedimientos.
Uno de los puntos más impactantes de la causa recae sobre el abogado procesado, quien además enfrenta cargos por falsedad ideológica. Según los peritajes realizados a su teléfono celular, el profesional administraba un "stock" de gestantes y clientes como si fuera un "supermarket".
El letrado daba instrucciones precisas a las mujeres para que mintieran ante la Justicia, exigiéndoles que afirmaran tener una “amistad previa” con los padres intencionales. Incluso les pedía que no “hablaran de más” y que memorizaran respuestas antes de las audiencias judiciales para no entorpecer el negocio.
En un episodio que describe la cosificación de las víctimas, el abogado solicitó a una mujer que se quitara las uñas postizas y cambiara su foto de perfil. El objetivo era dar una “mejor impresión acerca del producto que ofrecía” ante una pareja interesada.
La gravedad de la acusación incluye el abandono médico. Una de las víctimas sufrió complicaciones a raíz de una cesárea y la clínica habría interrumpido el seguimiento posterior al parto. Otro caso resonante involucra a una mujer de 33 años que fue ofrecida nuevamente como gestante apenas 45 días después de haber dado a luz.
Para los fiscales, ocultar estos antecedentes expuso a las mujeres a riesgos de salud severos. Ante la magnitud de los hechos, el magistrado ordenó un embargo total de $1.051.200.000 sobre los bienes de los imputados para garantizar futuras reparaciones.
Si bien la gestación por sustitución no está prohibida en Argentina cuando es solidaria, el fallo advierte que la falta de una ley específica “no autoriza el comercio o alquiler de vientres”. La Justicia enfatizó que estas prácticas se convierten en delito cuando media la explotación y el lucro a costa de la vulnerabilidad ajena.
Redacción Vía Córdoba