Redacción Vía Córdoba
La Justicia de Córdoba avanzará este año con uno de los procesos judiciales más impactantes vinculados a fraude financiero dentro de una institución pública. La Cámara 10 del Crimen juzgará a 10 personas acusadas de integrar la organización conocida como “Zoe Azul”, un esquema piramidal que habría funcionado durante años dentro del propio edificio central de la Policía de Córdoba.
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Según la investigación judicial, la maniobra habría generado un perjuicio económico superior al millón de dólares, con decenas de víctimas que, en su mayoría, pertenecían a la propia fuerza de seguridad o a su entorno familiar.
Cómo funcionaba la estafa piramidal “Zoe Azul”
La causa fue instruida por el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, quien reconstruyó el funcionamiento de la estructura financiera ilegal. De acuerdo con el expediente, el sistema respondía a la lógica clásica de un esquema Ponzi.
Los organizadores prometían a los inversores retornos mensuales extraordinarios, que oscilaban entre el 7% y el 20% en dólares, cifras muy por encima de cualquier inversión formal en el mercado financiero.
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Para captar nuevos aportantes, los promotores se apoyaban en un factor clave: la confianza que generaba el vínculo dentro de la fuerza policial. Muchos de los inversores decidían participar porque las propuestas llegaban a través de compañeros de trabajo o conocidos dentro de la institución.
La investigación sostiene que las reuniones, la entrega de dinero en efectivo y la firma de supuestos contratos de inversión se realizaban en el propio edificio de la Jefatura de Policía. Sin embargo, esos documentos carecían de validez legal y las inversiones prometidas nunca existieron.
Como ocurre en este tipo de esquemas, los intereses que recibían los primeros participantes se pagaban con el dinero aportado por los nuevos ingresantes, lo que mantenía la ilusión de un negocio rentable hasta que el sistema colapsó.
Policía de Córdoba: los acusados y el rol de la supuesta líder
En la cúspide de la estructura aparece María Eugenia Zulberti, abogada y sargento jubilada de la Policía de Córdoba, señalada por los investigadores como la principal responsable de la organización y administración del esquema financiero.
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Junto a ella serán juzgadas otras nueve personas acusadas de cumplir distintos roles dentro de la estructura, entre ellos tareas de captación de inversores, manejo de fondos y coordinación de operaciones.
La causa también generó fuerte repercusión pública por la presencia entre los imputados de hijos de Mirta “Cuca” Antón, la represora condenada por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Algunos de ellos ya admitieron su participación en juicios abreviados, mientras que otros llegarán al debate oral.
Qué pasó con el resto de los imputados en la Policía
La investigación original había identificado 17 imputados. Sin embargo, seis de ellos ya fueron condenados luego de reconocer su responsabilidad mediante procedimientos abreviados.
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Otro de los acusados, Roberto Carlos Espinosa, fue sobreseído por la Justicia al no encontrarse pruebas suficientes que acreditaran su participación en los hechos investigados.