Redacción Vía Córdoba
A poco más de un año del conocimiento público de las cinco muertes y ocho descompensaciones de bebés recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, el fiscal Raúl Garzón elevó a juicio la causa que compromete a funcionarios de la provincia.
La decisión se confirmó este viernes por la mañana a través de una extensa resolución de más de 450 páginas. Allí, cambió la imputación de omisión de los deberes de funcionario público y acusó de encubrimiento agravado al exministro de Salud, Diego Cardozo y el resto de directivos apuntados.
MATERNO NEONATAL DE CÓRDOBA: QUÉ ACUSACIÓN PESA SOBRE BRENDA AGÜERO
Brenda Agüero, la enfermera detenida desde agosto del año pasado, irá a juicio bajo la imputación de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal (cinco hechos) y homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal en grado de tentativa (cinco casos).
QUIÉNES SON LOS IMPUTADOS EN LA CAUSA MATERNO NEONATAL
Garzón imputó a otras tres personas por el delito de “encubrimiento agravado por el hecho precedente (homicidios en serie) y por su calidad de funcionario público”. Estos son:
- El secretario legal del Ministerio de Salud, Alejandro Gauto
- La exdirectora de Maternidad e Infancia, Marcela Yánover
- El exdirector de Hospitales de Capital, Esteban Ruffin
Y la nueva acusación se extendió a los anteriormente investigados:
- La exsubdirectora del Neonatal, Claudia Ringelgheim
- El exsubdirector administrativo, Alejando Escudero Salama
- La exjefa de Neonatología, Marta Gómez Flores
- La exjefa de Enfermería Blanca, Alicia Ariza;
- La médica Adriana Morales.
El abogado representante de las madres de las víctimas, detallo que la imputación de la exdirectora del Materno Neonatal de Córdoba, Liliana Asís es por encubrimiento doblemente calificado por la calidad funcional y el hecho precedente.
POR QUÉ AGRAVARON LA ACUSACIÓN DE CARDOZO
Garzón unificó la acusación a Cardozo y 10 exfuncionarios bajo sus órdenes a encubrimiento agravado, figura que castiga la voluntad de ocultar los hechos, por “querer controlar el daño reputacional de la gestión”, según el informe.
El agravamiento se basa en conversaciones que están incorporadas en el expediente, a partir de escuchas y desgrabaciones.