Redacción Vía Córdoba
El fiscal Matías Bornancini, de la Fiscalía Penal Económica N° 1, formalizó la imputación contra Christian Flavio D’Alessandro, titular del Grupo Fam y socio del Grupo Fono Bus. Se le responsabiliza por el presunto delito de vaciamiento de empresa.
La acción judicial también alcanza a su esposa, Gabriela Serra, y al contador Marcelo Daniel Pucheta. El procedimiento se origina en una denuncia presentada por Gianfranco y Fabiola D’Alessandro, otros accionistas de la sociedad Fono Bus.
Transporte: imputaron al titular de Grupo Fam en Córdoba
La acusación detalla operaciones que habrían lesionado el patrimonio de la compañía. Incluye negativa a convocar reuniones societarias, extracciones monetarias sin justificación y enajenación no registrada de rodados.
Un episodio grave denunciado es el retiro de 32.500 dólares el 27 de noviembre de 2024 desde una cuenta de Fono Bus. Ese día, D’Alessandro y su cónyuge habrían adquirido la totalidad de acciones de “El Quebrachal SRL”, base operativa del Grupo Fam, la nueva firma del acusado.
Para los denunciantes, esta transacción evidencia el empleo de fondos de Fono Bus en beneficio personal y de un emprendimiento que compite directamente. La querella enmarcó el conflicto en el rediseño del transporte urbano local. Grupo Fam se sumó al servicio de transporte de pasajeros en marzo del presente año. D’Alessandro planificó el debilitamiento operacional de Fono Bus, transfiriendo personal vital a su nueva compañía y reteniendo dos vehículos, los cuales fueron secuestrados.
Grupo Fam: quiénes es el otro imputado
La imputación también alcanzó a Marcelo Daniel Pucheta, profesional contable ligado a Fono Bus, quien luego se unió al Grupo Fam. Unos documentos en su oficina verificarían la transferencia de “El Quebrachal SRL” a D’Alessandro y Serra.
La fiscalía considera probada una administración fraudulenta y desvío de recursos para consolidar una iniciativa paralela. La denuncia enfatiza infracciones a la Ley de Sociedades 19.550, que prohíbe a gerentes y directores participar en actividades en competencia directa sin consentimiento. D’Alessandro, aunque desvinculado de la administración, mantiene su condición de socio. Los querellantes evalúan ampliar la presentación, lo que podría generar nuevas imputaciones.