Redacción Vía Córdoba
En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre el Gobierno de Córdoba y el Tribunal de Cuentas, la Justicia provincial llevó adelante este miércoles un operativo en la sede del organismo de control. El procedimiento se realizó para requerir la documentación administrativa vinculada a la licitación pública 04/2025, centrada en la adquisición de un sistema de drones para la Policía de la Provincia.
Frenaron la compra de drones para la Policía de Córdoba por millones de dólares
La orden fue emitida por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial II, Turno 7, a cargo de Tomás Casas, luego de una denuncia penal impulsada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. El operativo fue ejecutado por personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía.
El trasfondo de la licitación cuestionada
El conflicto se originó cuando la mayoría opositora del Tribunal de Cuentas paralizó el proceso de compra, valuado en 6,8 millones de dólares. Los tribunos objetaron que la licitación se realizó bajo la modalidad de "renglón único", lo que habría beneficiado a la UTE Vantac-Huinol SA como única oferente.
Ante este freno, el ministro Quinteros denunció al presidente del organismo, Beltrán Corvalán, y a la vocal María Fernanda Leiva por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el Gobierno, el Tribunal se excedió en sus funciones al evaluar la "conveniencia" de la política pública, una facultad que la Ley Provincial 10.930 reserva exclusivamente al Poder Ejecutivo.
Cruces y planteos de ilegalidad
Beltrán Corvalán calificó el allanamiento como una maniobra política del gobernador Martín Llaryora para "amedrentar" el accionar del cuerpo. "Tengo determinadas inmunidades y solo un juez me puede pedir esto", afirmó el funcionario, quien sostiene que, por la Constitución provincial, los miembros del Tribunal deben ser tratados procesalmente como "jueces de Cámara".
Córdoba invierte en tecnología, pero ¿se está volviendo realmente inteligente?
En su respuesta formal, Corvalán rechazó la validez del oficio al considerar que una requisa de este tipo requiere la orden de un juez de Control y no solo una comisión fiscal. Además, informó a las autoridades que el expediente físico no se encuentra en el Tribunal de Cuentas, sino que permanece radicado en el propio Ministerio de Seguridad.