Redacción Vía Córdoba
La causa de Gabriel Fernández volvió a tomar trascendencia nacional después de que la Justicia de Córdoba ratifique su prisión preventiva. El caso se dio en 2018 cuando el protagonista decidió cambiar de género, fue trasladado al pabellón de mujeres de Bouwer y allí, atacó sexualmente a una reclusa.
Fernández ingresó a la cárcel en 2016 por una denuncia de su pareja que lo acusó de violencia de género. Un año después, recibió una condena a tres años de prisión por lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada. En 2018, decidió cambiar de género y allí, llevó a cabo su segundo delito.
Cambió de género, lo trasladaron de y abusó de una reclusa
En 2018, el condenado pasó a llamarse Gabriela Nahir Fernández, por autopercibirse mujer. Ante su cambio de género, la Justicia determinó trasladarlo al Establecimiento Penitenciario N°3 para Mujeres de Córdoba.
Una vez allí, ejerció violencia de género contra otras presas y abusó sexualmente de otra. En abril de 2019, fue acusada de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas por atacar a otra mujer compañera en el pabellón.
Tiempo después, salió en libertad condicional y fue entonces que una nueva pareja de Fernández la denunció, pero con su nombre masculino y ella también la acusó. Por esas acusaciones volvió a la cárcel en 2023, ya que tomó contacto con la víctima violando la perimetral.
QUÉ DETERMINÓ LA JUSTICIA CONTRA FERNÁNDEZ
El pasado 31 de octubre, la Cámara de Acusación de Córdoba ratificó la prisión preventiva de Fernández, elevó la causa a juicio y ordenó trasladarla a una celda donde no esté en contacto con mujeres ni con hombres.
En la resolución, compartida por el fiscal Maximiliano Hairabedian, se advirtió la alta peligrosidad de Fernández. “Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres internas, sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas”, señaló el documento.
La decisión lleva la firma de los magistrados Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies. El texto agregó que una vez en libertad “surge confusamente que formula denuncias contra su pareja del momento adoptando su anterior identidad (masculina). Otras parejas de ese lapso en libertad también la denunciaron por hechos vinculados a violencia de género”.