"Yo soy católica, voy a misa. Pero nunca vi a nadie acompañando a esas mujeres. Con algunos compañeros hemos pasado hasta doce horas al lado de la cama de una mujer que sabíamos que se iba a morir, viendo qué más podíamos hacer por ellas".
La que habla es Gladys Ponte, una médica de la Maternidad Nacional, y una de las tres profesionales que en ese centro de salud, garantizarían la interrupción voluntaria del embarazo si la ley se aprobara en el Senado este 8 de agosto
"Nunca culpabilicé a ninguna mujer por esas decisiones. Trabajé mucho con ellas e hice investigaciones profundas a ver cuáles eran los motivos por los que llegaban a estas situaciones de tanto sufrimiento. La pobreza era lo primero, y la no posibilidad de controlar su anticoncepción. Las mujeres estaban a la deriva", remata la médica en diálogo con el portal Unciencia, de la UNC.
De acuerdo con la publicación, a pesar de tener pedido de jubilación por parte de la UNC, es una pieza clave de la salud pública de Córdoba, al ser la más activa de las tres profesionales que garantizan la interrupción legal del embarazo para toda la provincia.
De las otras dos profesionales, una está con licencia por maternidad hasta fines de 2018, y la tercera, trabaja ad honorem y no realiza abortos quirúrgicos.
En marzo del año que viene, cuando Ponte tenga que retirarse, solo quedarán dos profesionales garantizando ese derecho a más de un millón y medio de mujeres.
"Yo planteo: este año estamos en la Córdoba de la Reforma, pero es la Córdoba de las campanas, y cada vez suenan más las campanas que las reformas", señala.
Día a día, mujeres, niñas y personas gestantes llegan a la Maternidad para efectuar la solicitud, aunque los datos son confidenciales, y se ponen a resguardo para evitar protestas frente al hospital de organizaciones como Portal de Belén.
Esto es parte del diálogo que Unciencia tuvo con la médica.
-¿Son muchas las menores que llegan?
- Sí, siempre tenemos menores. Ha habido muchísimas a las que se les ha podido resguardar el material genético. Son causas judicializadas y a veces se ha podido condenar a los abusadores. También llegan mujeres adultas que no quieren denunciar. Si no denuncia, nosotras hacemos la intervención igual. Hay muchos casos de violaciones, situaciones de violencia sexual, por ejemplo en el predio de la Ciudad Universitaria. Esas mujeres no conocen ni saben quién es su agresor, entonces deciden no exponerse a una denuncia policial.
- ¿Y en esos casos, cuál es el procedimiento para poder intervenir?
- Sí, también trabajamos con la causal salud, que es el inciso 1 del artículo 86, en donde no hay ningún amparo, ni ninguna cosa. Por ejemplo, si una mujer tiene cáncer de mama y embarazo, y para hacerle la quimioterapia hay que interrumpirlo, vamos por el inciso 1. O, por ejemplo, en el caso de los acráneos (malformaciones fetales), en los que nadie quiere intervenir. Ahora en el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo está la discusión sobre estos casos, y sobre el término en el que es legal practicar una interrupción de ese embarazo. Nosotras, por protocolo nuestro, vamos por el primer trimestre. Entre las 12 y las 14 semanas, tal cual lo dice la Organización Mundial de la Salud.
- Como católica, ¿qué siente frente a las intervenciones de la Iglesia en el tema?
- Nada. Yo tengo diferencias muy profundas con la Iglesia. Provengo de una familia católica y mi fe tiene altibajos, pero siempre he tenido esta convicción, porque me parece que es un recurso al que a veces tengo que acudir. Cuando voy y comulgo, yo no dejo de recordar la gran cantidad de mujeres que pasaron por mis manos y se murieron. Entonces, me parece que es un lugar donde todavía tengo que ir. Porque no es fácil, ha sido una vida profesional atravesada por muchas cosas.