El juez de Competencia Múltiple de la ciudad cordobesa de Bell Ville, Eduardo Bruera, resolvió expulsar de su hogar por 60 días a un hombre por ejercer maltratos y humillaciones hacia su hija trans de 17 años, ya que esa conducta constituye "violencia familiar y una forma de discriminación que pueden causar daños graves a su identidad".
La decisión judicial se adoptó luego que la adolescente, que vive en un pueblo de esa región del sudeste provincial, denunciara al teléfono 0800-888-9898 que sus progenitores ejercían violencia psicológica y ambiental contra ella, porque les provocaba rechazo que se autopercibiera como mujer.
De acuerdo a la información judicial, personal del juzgado se comunicó telefónicamente con la víctima y ella relató que tanto su familia como algunas personas que trabajan en las instituciones locales no aceptan su identidad de género y la tratan como varón, aunque que ella se autopercibe mujer.
También solicitó que su padre se retire del domicilio para intentar la convivencia con su madre.
El magistrado, además de la exclusión temporal del hogar por 60 días, dictó una "prohibición de acercamiento para el padre (a 100 metros de distancia) y una prohibición de comunicación con su hija", con posibilidad de modificar las restricciones en caso de cambios en la situación familiar.
El juez, en su resolución, también advirtió a las instituciones locales que "el derecho de la joven a recibir un trato digno no es una opción que dependa de la apreciación de cada persona, sino que es una obligación institucional; cuyo incumplimiento puede acarrear la aplicación de sanciones legales".
En el marco de la causa, el juez Bruera ordenó la designación de un abogado o abogada de niñas, niños o adolescentes para que asesore y represente los intereses de la adolescente, que fue elegida por la misma víctima del listado remitido por el Colegio de Abogados de Bell Ville.
Todos los trámites y medidas adoptadas en la causa se llevaron a cabo a través de llamadas telefónicas, comunicaciones vía whatsApp y correos electrónicos entre el personal del juzgado, las autoridades locales y la joven denunciante, en cumplimiento con el aislamiento social obligatorio que rige en el país por la pandemia del coronavirus.